Pocas iniciativas han generado tantas expectativas en la Región de Aysén como el proyecto de Zona Franca. Desde que la idea comenzó a tomar fuerza en el contexto de las demandas ciudadanas surgidas durante el movimiento social de 2012, se instaló como una de las aspiraciones más relevantes para avanzar en mayores condiciones de equidad territorial y compensar, en parte, los costos asociados a vivir en una región extrema.

Sin embargo, han transcurrido más de catorce años y el proyecto continúa sin definiciones concretas. Más allá de anuncios, estudios preliminares o declaraciones de intención, la percepción ciudadana es que la iniciativa permanece estancada en una etapa indefinida, sin una hoja de ruta clara ni plazos conocidos para su eventual materialización.

Lo anterior resulta particularmente complejo porque la Zona Franca ha sido presentada históricamente como una herramienta capaz de generar beneficios para las familias, facilitar el acceso a determinados bienes y fortalecer la competitividad de algunos sectores económicos. Naturalmente, existen distintas opiniones respecto de sus alcances y de los efectos que podría generar sobre el comercio local y la actividad productiva. Como ocurre con cualquier política pública relevante, es legítimo que existan visiones diversas.

Precisamente por ello, lo que hoy parece más necesario no es prolongar indefinidamente el debate, sino entregar certezas. La región requiere saber si esta iniciativa es técnicamente viable, económicamente sostenible y políticamente prioritaria. Y si la respuesta es afirmativa, corresponde avanzar con una planificación concreta. Si la respuesta es negativa, también es necesario decirlo con transparencia.

En los últimos años, distintos actores han insistido en mantener vigente esta discusión. Entre ellos, el gobernador regional Marcelo Santana ha impulsado gestiones para reactivar el tema y buscar definiciones. Sin embargo, más allá de esos esfuerzos, la sensación predominante es que la iniciativa no ocupa un lugar relevante dentro de las prioridades nacionales.

La incertidumbre permanente termina debilitando la confianza ciudadana. Porque cuando una propuesta permanece durante años en una especie de limbo administrativo, sin avances visibles ni explicaciones claras, inevitablemente surgen dudas respecto de la voluntad real de concretarla.

Las regiones necesitan proyectos estratégicos, pero también necesitan decisiones. Mantener una expectativa abierta durante más de una década sin una respuesta definitiva no contribuye al desarrollo ni fortalece la relación entre las instituciones y la ciudadanía.

Aysén merece conocer con claridad cuál será el destino de esta iniciativa. La discusión sobre una Zona Franca puede continuar, enriquecerse y perfeccionarse, pero lo que ya no parece razonable es seguir postergando las definiciones. Después de tantos años, la región necesita certezas más que promesas, y plazos más que declaraciones de buena voluntad.