Columnista, Colaborador 
La Región de Aysén no puede seguir entendiendo sus áreas protegidas únicamente como espacios naturales para contemplar a la distancia. Nuestras áreas silvestres protegidas constituyen un activo natural estratégico para el desarrollo regional y, como tal, deben administrarse con planificación, responsabilidad y visión de largo plazo.
El turismo de naturaleza es hoy una realidad económica concreta. Según cifras de Sernatur Aysén, durante la última temporada se registraron 108.703 llegadas de turistas internacionales a la región. De ese total, 86.117 visitaron nuestras áreas protegidas, lo que equivale a cerca del 79 % de los visitantes extranjeros. En términos simples, casi cuatro de cada cinco turistas internacionales llegan a Aysén motivados por su naturaleza.
El dato es categórico: las áreas protegidas no son un complemento del turismo regional, son su principal eje de atracción. Detrás de cada visitante hay empleo local, emprendimiento, inversión privada y dinamización económica en comunas y localidades que dependen directamente de esta actividad.
Pero el desarrollo requiere gestión adecuada.
El cierre del Glaciar Exploradores, en el Parque Nacional Laguna San Rafael, constituye una señal de alerta respecto de las debilidades en la planificación institucional. Esta decisión ha impactado directamente a más de 15 empresas permisionarias y a más de 50 personas vinculadas de manera directa al turismo, además de afectar a toda la cadena de valor regional: transporte, alojamiento, gastronomía y comercio local.
No estamos frente a un problema meramente administrativo. La situación evidencia una falta de planificación estructural por parte de la institucionalidad competente y del actual gobierno central. La conservación es indispensable, pero las decisiones que inciden en el desarrollo productivo deben adoptarse con anticipación, diálogo territorial y mecanismos de transición claros.
Asimismo, resulta preocupante la persistente falta de definición respecto de accesos públicos en el Parque Nacional Cerro Castillo y en el sector del Glaciar Leones, también dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael, entre otros casos en la región. La ausencia de certezas jurídicas y planificación territorial genera conflictos, desincentiva la inversión, genera conflictos locales y limita el crecimiento sostenible del turismo regional. Son situaciones donde la institucionalidad aún no ha sido capaz de entregar soluciones definitivas.
El próximo 11 de marzo asumirá un nuevo gobierno, abriendo una oportunidad para fortalecer la gobernanza de nuestras áreas protegidas. Es fundamental que la nueva administración comprenda que la gestión de las áreas silvestres protegidas debe abordarse de manera integral e intersectorial, articulando al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) con los sectores de turismo, obras públicas, economía, bienes nacionales, medio ambiente y por supuesto gobierno regional y municipios. La conservación no puede gestionarse de forma aislada; requiere coordinación institucional y coherencia en la toma de decisiones.
Desde mi rol como consejero regional he sostenido con claridad que protección ambiental y desarrollo productivo no son conceptos opuestos, sino dimensiones complementarias de una estrategia territorial moderna y sostenible.
Aysén posee una ventaja competitiva de alcance mundial basada en su naturaleza. Transformarla en un motor sólido de desarrollo regional exige liderazgo político, planificación técnica y coordinación efectiva entre niveles de gobierno.
Conservación y desarrollo pueden —y deben— avanzar de la mano. Pero para ello se requiere gestión moderna, reglas claras y una política pública a la altura del potencial de nuestra región.
