La Dictadura civil militar que gobernó durante 17 años en nuestro país fue responsable tanto de atrocidades cometidas contra los derechos humanos, como del desmantelamiento del Estado, de la restricción de los derechos civiles y políticos de gran parte de la población y de la ruptura del tejido social.  Junto a la implementación del modelo económico de corte neoliberal impuesto por los Chicago Boys, la riqueza se reunió en pocas familias constituyéndose en el 1% más rico, concentrando en sus manos el 50% de la riqueza país.

No es posible en esta breve columna hacer un listado de todos los hechos que concatenaron el brutal retroceso en Chile en términos de justicia social, libertad y equidad. Han pasado 34 años de la vuelta a la "democracia" y aún no recuperamos el nivel de desarrollo y equilibrio social que teníamos antes del golpe civil militar. Y no está resultando fácil lograr una democracia más plena y madura, son demasiados los aspectos a considerar y el involucramiento de la población en las transformaciones se ve restringido por el fuerte individualismo que ha permeado a la población.

Aún así, podemos indicar dos situaciones que son efecto de la dictadura y que tienen similitudes: la búsqueda de justicia por hechos cometidos por el Estado.

Una, es el asunto de la violación a los derechos humanos que conlleva verdad, reparación y no repetición. Principalmente por la voluntad y coraje de familiares y amigos de detenidos desaparecidos se ha podido encontrar un mínimo de verdad y justicia. Falta mucho por develar y los asesinos y perpetradores, funcionarios estatales, continúan con el pacto de silencio que impide progresar en la reparación de esta herida sangrante en el alma de los chilenos. Después de 50 años de espera el Estado se ha hecho parte y el año 2023 se creó el Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia, con el fin de esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte y destino de las víctimas de desaparición forzada. Ningún otro gobierno había dado una señal tan clara de compromiso con los familiares de los detenidos desaparecidos y con la verdad histórica.

Otra, es la cuestión de la llamada Deuda Histórica, perjuicio salarial cometido por el Estado contra las y los profesores de establecimientos públicos a partir del año 1981, cuando su administración fue traspasada a las municipalidades, impidiendo que los docentes recibieran el reajuste salarial del Decreto Ley N° 3551, que fue desconocido por los nuevos empleadores. Esto causó durante años una merma en los salarios y en el marco de capitalización individual impuesto por las AFP, lo que a largo plazo afectó irremediablemente las pensiones de miles de maestras y maestros jubilados. La Deuda Histórica es una deuda del Retorno a la Democracia, sin embargo, cuando terminó el autoritarismo el Estado de Chile no restituyó a los docentes un derecho laboral básico: el de percibir su sueldo íntegramente y respetar los derechos salariales adquiridos. No es la única deuda con la educación, pero sí es la que afecta directamente en el día a día a las y los profesores jubilados que perciben menguadas jubilaciones.  Finalmente, este Gobierno acaba de presentar una Propuesta de Reparación de la Deuda, la que será votada para su aprobación este lunes y martes por los 57.560 docentes que han esperado más de 40 años esta oportunidad. Eran cerca de 90 mil los afectados, pero miles han ido quedando en el camino. Reparar la Deuda Histórica es reparar una herida lacerante que hace décadas afecta a quienes educaron a Chile, particularmente a profesoras, que son la inmensa mayoría del gremio docente.  Ni en la cantidad ofrecida ni en el plazo de pago estipulado hay conformidad de los docentes, pero queda claro que es esto o nada, porque solo este gobierno no ha negado la existencia de esta deuda y ha respondido al compromiso contraído con el magisterio.

Dos hechos que tienen en común la justicia, por eso podemos decir: "Abriendo puertas y cerrando heridas"