A propósito de la discusión pública sobre lo que debe o no hacer el Estado cuando un adolescente infringe la ley penal, creo que la respuesta responsable exige mirar los datos, respetar garantías y recordar que la justicia juvenil no puede ser una versión reducida del sistema penal de adultos.

Las cifras de la Defensoría Regional de Aysén muestran una realidad que debe leerse con cuidado: en 2023 y 2024 ingresaron como imputados 227 adolescentes a nivel regional cada año; en 2025 la cifra bajó a 188, y entre el 1 de enero y el 20 de julio de 2026 registra 83 ingresos. No estamos ante una explosión descontrolada, sino frente a un fenómeno acotado, complejo y vinculado a trayectorias personales, familiares, educacionales y comunitarias.

Al 20 de julio de 2026, los delitos asociados a la Ley de Drogas ganan terreno y aparecen en tercer lugar, con 11,83% de los delitos ingresados respecto de adolescentes: 11 imputados, de los cuales 10 corresponden a microtráfico y uno a consumo. Este dato debe alertarnos, pero no para reaccionar con temor ni simplificaciones, sino para preguntarnos qué está fallando antes, que hace que un adolescente se siento atraído a participar en economías ilegales.

Desde la defensa pública sostenemos una convicción básica: defender a un adolescente imputado no significa negar el daño ni desconocer la preocupación de las víctimas y la comunidad. Significa exigir que el Estado actúe conforme a derecho, con pruebas suficientes, presunción de inocencia, proporcionalidad y una respuesta especializada.

La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente parte de una idea esencial: los adolescentes responden por sus actos, pero dentro de un sistema orientado a la reinserción social y al respeto de sus derechos. La especialización de jueces, fiscales y defensores no es un privilegio; es una exigencia democrática que considera, respecto del imputado(a) su edad, desarrollo, madurez y posibilidades reales de cambio.

En la región de Aysén, donde las redes comunitarias pueden marcar una diferencia decisiva, la discusión no puede agotarse en torno a cuántos son los años de sanción que se imponen. La seguridad pública se fortalece cuando se evita la reincidencia: con educación oportuna, apoyo familiar, salud mental, tratamiento cuando existe consumo problemático e intervención territorial seria.

Nada de lo señalado en estas líneas justifica un delito. Pero ignorar las historias de abandono escolar, consumo de drogas o alcohol, violencia previa, pobreza o falta de adultos significativos impide prevenir el siguiente. Nuestro país no necesita elegir entre seguridad y derechos: necesita ambas cosas. Como defensores públicos, no pedimos impunidad; pedimos justicia juvenil humana, especializada y basada en evidencia.