Para quienes habitamos la región de Aysén, una vivienda bien aislada no es un lujo, es una necesidad fundamental y el subsidio de mejoramiento térmico ha sido, por años, una herramienta clave no solo para el confort y la salud de nuestras familias, sino también una política pública estratégica para combatir la contaminación atmosférica.

El ministerio de Vivienda decidió aplicar cambios normativos en el llamado 2025 de este programa, oficializados en la Resolución Exenta N° 1.229, que representan un drástico y preocupante paso atrás, pues, en lugar de ampliar una política pública exitosa y continuar aplicándoles mejoras, se ha optado por endurecer las reglas, reducir los montos y, en la práctica, cerrar la puerta a quienes más lo necesitan.

Hablamos de que hay menos recursos, más burocracia y modificaciones injustificadas, que son un golpe directo a los hogares que más intervención requieren, que convierten una política pública exitosa, en una que desincentiva la participación.

Los cambios más perjudiciales incluyen un notable abandono a los adultos mayores, pues se elimina el incremento del 40% para este grupo, reduciendo su subsidio máximo de 740 UF a solo 533 UF. 

Se excluye la vivienda informal, ya que la nueva exigencia de contar con un certificado de recepción final de la Dirección de Obras Municipales (DOM) es, quizás, el cambio más desconectado de la realidad regional, pues deja fuera a familias de zonas rurales y a quienes han autoconstruido sus hogares, precisamente las viviendas con mayores deficiencias térmicas.

Se elimina el aporte de 50 UF que permitía a las familias regularizar su vivienda junto con el proyecto de aislación. Además, los plazos para postular son más acotados y se reduce en más de un 50% el pago a las entidades de asistencia técnica, lo que desincentiva su crucial labor en el territorio.

Estas decisiones, tomadas desde una oficina centralizada, tendrán consecuencias devastadoras y concretas en Aysén. 

No nos oponemos a mejorar los estándares, pero los cambios deben hacerse con gradualidad y pertinencia territorial. La realidad de Aysén, con su clima extremo, sus altos costos y su alto porcentaje de informalidad en la vivienda, exige una mirada distinta.

Por ello, la solicitud es clara y urgente: se deben reintegrar las excepcionalidades que Aysén había ganado con justa razón. Esperamos que las autoridades permitan flexibilizar los requisitos, buscando alternativas al certificado DOM para viviendas rurales o autoconstruidas. Igualmente, creemos necesarios restituir el beneficio para adultos mayores y también, ampliar la cobertura y los recursos para estar a la altura del desafío de descontaminación y de la inmensa necesidad de nuestras familias.

Modificar una política pública mirando únicamente la planilla de cálculo es un error. Este no es momento para retroceder, sino para acelerar. Hacemos un llamado a las autoridades, para que apoyen esta iniciativa, que afecta directamente a la comunidad regional. Tenemos derecho a respirar un aire limpio y libre de contaminación.