En la edición del recién pasado martes del Diario La Segunda, la municipalidad de Coyhaique contrata toda una página que deja de entrever una asociatividad en acciones político administrativas teñidas de tráfico de influencias y dualidad de funciones, que se quieren legitimar bajo el pretexto del desarrollo comunal.

El alcalde de Coyhaique se explaya sobre sus gestiones activas para atraer a grandes conglomerados del retail no es un motivo de celebración; es una preocupante declaración de desviación de funciones. 

En el derecho público chileno rige el estricto principio de legalidad: las autoridades del Estado solo pueden hacer aquello que la ley les permite expresamente. Ningún artículo de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades faculta a un alcalde a actuar como corredor de propiedades, lobista o facilitador de negocios para empresas privadas específicas.

Nuestro alcalde, al asumir un rol activo en la búsqueda y convencimiento de corporaciones como SMU, Falabella o Walmart, la máxima autoridad comunal vulnera flagrantemente el principio de imparcialidad que debe regir a la administración del Estado. El municipio es la casa de todos los habitantes de la comuna, no una oficina de relaciones públicas al servicio del gran capital. Al tomar partido y pavimentar el camino para el desembarco del retail, el alcalde rompe la neutralidad institucional y desprotege activamente al comercio local, compuesto por pequeños emprendedores y almacenes de barrio que no cuentan con un defensor público de ese calibre.

¡Ni CORFO se ha atrevido a tanto!

El comercio es una actividad económica inserta en la institucionalidad de "Libre Competencia", en que las autoridades deben de abstenerse de intervenir.

Esta extralimitación de funciones genera un evidente conflicto de interés institucional. El municipio es el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de las normativas urbanísticas, otorgar permisos de edificación y patentes comerciales a través de sus direcciones técnicas (como la DOM). Entonces, ¿cómo puede garantizar la alcaldía una fiscalización y evaluación técnica imparcial de estos megaproyectos si el propio alcalde se ha transformado en el principal promotor de su llegada?

Cómo no generar desconfianza, angustia y/o rabia en un vecino que comparte local comercial con su casa habitación y vive amenazado que no le renovarán  patente porque la casa o inmueble es de dominio común entre herederos, es arrendada, con un paquete de "líos" que dificultan que el comerciante histórico del barrio pueda sanear obstáculos de "permisología" necesarios para operar sin el riego de clausuras y multas.

Y cómo no reparar además el señor alcalde que en Coyhaique hay residentes que profesan doctrinas de vida que no aplauden un Coyhaique andino, con opciones de desarrollo que pretendan emular grandes ciudades de hormigón.

No es verdad que en Aysén no existan inversionistas para grandes desarrollos comerciales. De hecho los hay en actual ejecución y sin la ayuda del alcalde. De modo que para estos no es justo tener en la comuna un jefe comunal que les ande buscando competencia forzada. Esto hace dudar y pudiera ser que esos inmuebles nuevos o en planes de adecuación, y uno a punto de aperturar sus actividades, terminen derivados a la actividad de arriendo para oficinas públicas.

Quienes habitamos y elegimos la Patagonia lo hacemos buscando una escala humana de desarrollo, lejos de la saturación urbana del norte, con una industria y comercio amigables. 

Es alarmante que los recursos y el tiempo de la jefatura comunal se desvíen hacia fines ajenos a sus competencias legales, alterando el plano de igualdad ante la ley y forzando un modelo de consumo que la comunidad no ha solicitado. 

El alcalde debe recordar que su mandato es administrar la comuna bajo el marco del derecho, no actuar como un agente de inversiones privadas.

Pareciera que estamos en el río de una economía local equivocada, en donde se confunde la creación de riqueza con la generación de fuentes para aumentar el gasto; y no así con la creación de emprendimientos para creación de productos que demanden mano de obra o asistencia de servicios de mejor calidad profesional y técnica que generen bienes de valor agregado y no así un oasis temporal de gasto.  

Señor alcalde, tenemos suficientes farmacias, ópticas, expendedoras de combustible, ferreterías grandes y pequeñas, automotoras, regaterías, multitiendas, jugueterías, boutiques, heladerías, panaderías, TV y radios regionales, relojerías, bancos, veterinarias y masonerías, boutiques, librerías, boutiques, carros de alimentos, restaurantes y de inciensos y brujitas.

Lo que necesitamos es que las autoridades con nuestros impuestos atraigan industrias amigables y empáticas con nuestra identidad regional, y no que se gasten los recursos fiscales mendigando con las compañías de retail para traerles competidores a nuestras panaderías, boutiques, ferreterías. Protejamos a don Alberto, a la señora Juanita, a la señora Mariela y a don Mario; pero, de contrario, no los atropelle, pues, "vecino Carlos", si entre vecinos ni bueyes no han de haber cornadas…