Señor Director:

Semanas atrás en una tensa votación (y pese a la insistencia de la Subsecretaría de Pesca y de representantes del Ejecutivo por suspender la votación en la Comisión Regional de Uso de Borde Costero de Aysén), se rechazaron con -34 votos contra cero-, 2 solicitudes de espacios costeros para pueblos originarios donde 40 personas solicitaban prácticamente todo el litoral de la Región de Aysén. Hoy, hemos conocido que las comunidades volvieron a judicializar esta segunda votación con un nuevo recurso frente a la Corte de Apelaciones de Aysén.

Por otra parte, en una solicitud birregional de las regiones del Biobío y la Araucanía, por falta de quórum y operando el silencio administrativo, se dio por aprobado un espacio de 44.000 hectáreas.

Y en la Región de Los Lagos, tras un proceso que duró 15 años, donde pese a existir acuerdos previos suscritos entre comunidades solicitantes, pescadores artesanales, y la salmonicultura para ser incluidos dentro del plan de administración, el 23 de diciembre se aprobó el plan de administración de la ECMPO Mañihueico Huinay, donde se excluye deliberadamente a la salmonicultura. Esto, luego de un proceso opaco, con una denegación sistemática de información por parte de la Subsecretaría de Pesca, y tras una serie de desprolijidades administrativas que dejan un manto de duda respecto a la validez de acuerdos suscritos de buena fe y, más grave aún, respecto a la voluntad real de la autoridad de contar con procesos transparentes y hacer cumplir la ley.

Estos casos son claros ejemplos de amarres y desprolijidades administrativas que muestran una vez más la urgente necesidad de revisar la Ley Lafkenche, estableciendo mecanismos que garanticen procedimientos transparentes, plazos razonables y el respeto a los acuerdos alcanzados entre las partes. 

La ausencia de estas garantías no solo perjudica a un sector productivo fundamental para la economía regional y nacional, sino que genera un clima de desconfianza en las instituciones que es prioritario corregir, y más grave aún, son acciones que quiebran el tejido social, la convivencia y las confianzas de un país que requiere con urgencia de marcos regulatorios claros, justos y predecibles.

Tomás Monge

Gerente de Asuntos Corporativos de SalmonChile