Recientemente, hemos tomado conocimiento de una serie de amenazas ocurridas en establecimientos educacionales de nuestra región, en línea con lo que está ocurriendo en otras zonas del país. Esto ha generado una lógica preocupación en las autoridades y comunidades escolares. Por lo mismo, y en nuestro rol como encargados de dirigir la investigación de los delitos denunciados, tenemos actualmente indagatorias abiertas para identificar a las o los responsables y hemos decretado las diligencias correspondientes.

Estas situaciones han activado los protocolos de seguridad respectivos en los colegios afectados y ponen nuevamente como tema prioritario la preocupación por la violencia escolar en Chile. Son de conocimiento público los episodios que han conmocionado al país en las últimas semanas: la muerte de una inspectora en Calama a fines de marzo, y otros incidentes de gravedad con armas de fuego, armas blancas y bombas molotov, entre otras situaciones complejas.  

Independientemente de si estas amenazas corresponden a desafíos virales o iniciativas personales, la Fiscalía tiene la obligación de investigar para determinar la veracidad de los hechos denunciados. En nuestro rol, primero investigamos y luego adoptamos las decisiones que correspondan. Eso puede incluir la formalización de adolescentes, porque emitir amenazas, si son serias y verosímiles, constituyen un delito y como tales, tienen consecuencias.

La violencia escolar es un fenómeno multicausal que involucra a múltiples actores e instituciones, pero como sociedad todos debemos contribuir, desde el rol que a cada uno nos corresponde. En ese sentido, recomendamos a los padres y adultos cercanos que conversen con sus hijos sobre estos temas, que los pongan sobre la mesa sin rodeos. Es igualmente importante conocer el entorno digital de los adolescentes, no solo sus amigos presenciales, sino también sus contactos en redes sociales porque en esos espacios también pueden ocurrir dinámicas complejas o incluso puede llegar a gestarse la comisión de delitos, por ejemplo, a través de conductas imitativas.  

El rol de supervisión y apoyo de las y los adolescentes es principalmente de las familias y de los docentes, a fin de fomentar el autocuidado y no caer en situaciones conflictivas, como podrían ser las amenazas en establecimientos educacionales, por lo que debemos estar atentos y alertas ante señales como aislamiento social y cambios bruscos de conducta, entre otros.   

Esperamos que nunca ocurran realmente hechos de violencia como los descritos en las amenazas de las cuales hemos tomado conocimiento y para eso hay mucho que hacer desde el ámbito público y también por parte de los establecimientos educacionales, como la implementación de protocolos claros de actuación. Se trata de un camino largo donde los propios estudiantes y sus padres tienen mucho que decir y hacer. 

El derecho penal, el ámbito en el que nosotros trabajamos, es la "última ratio" o el último recurso que tiene el Estado para abordar los conflictos que ocurren en nuestra sociedad y se debe aplicar sólo cuando otros medios de control social no lograron su objetivo, por lo que se debe evitar criminalizar conductas si estas pueden resolverse por otras vías. 

La seguridad escolar no depende sólo de las instituciones: es una construcción colectiva entre familias, estudiantes, colegios y autoridades. Pero, desde nuestro rol como Fiscalía y en caso de que se produzcan amenazas, si estas son serias y verosímiles, investigaremos y buscaremos identificar a sus autores para hacer efectivas las responsabilidades que correspondan.