La corrupción no es un concepto abstracto ni lejano; es una herida abierta en el corazón de nuestra región que amenaza directamente el funcionamiento de nuestra democracia como forma de vida. En una zona como la nuestra, donde el esfuerzo comunitario y la confianza son pilares fundamentales, la falta de ética e integridad en las instituciones públicas representa una traición al pacto tácito entre la ciudadanía y las autoridades.

Resulta inaceptable que el principio de igualdad ante la ley se vea erosionado por individuos que, amparados en posiciones de poder o influencia, actúan como si estuvieran por sobre el resto de los ciudadanos. Como bien ha señalado la Fiscalía Regional de Aysén, el uso de fondos públicos para fines personales no solo es un delito, sino que contribuye a una deslegitimación profunda de nuestra institucionalidad. Cuando los recursos se malgastan o se desvían, el costo no es sólo económico; el precio real lo pagan los habitantes de nuestros barrios que ven postergadas sus aspiraciones de una mejor salud, educación, o algo tan básico como el alumbrado y la pavimentación de sus calles.

Un enfoque crítico nos obliga a señalar que la corrupción no solo reside en quien comete el acto ilícito, sino también en aquellos funcionarios que deciden "mirar para el lado". El silencio en el servicio público es una forma de complicidad. Un trabajador del Estado no puede ser un encubridor desde el anonimato; su obligación ética y legal es denunciar a través de los mecanismos existentes. No podemos tolerar que quienes deben servir al colectivo terminen sirviendo a intereses particulares, desvirtuando la esencia misma del Gobierno.

La justicia en Aysén debe ser efectiva, real y sin dobleces, sin importar el cargo que el funcionario detente. La comunidad regional no puede recibir menos que la excelencia y la honestidad total de sus servidores. Es imperativo que los tribunales actúen con firmeza sobre las pruebas presentadas, pues una democracia que permite la impunidad es una democracia condenada a la irrelevancia. Nuestra región merece una gestión pública que no solo administre recursos, sino que proteja con integridad el bienestar de todos los ayseninos.