La Región de Aysén nos enseña a convivir con el clima. Sin embargo, lo ocurrido en el Aeródromo Balmaceda cruza la línea de lo aceptable, transformándose en una muestra de negligencia, falta de previsión y abandono hacia los usuarios.

Resulta un contrasentido brutal que se implementen políticas públicas basadas en que la puerta del desarrollo económico regional pasa por fomentar el turismo —como por ejemplo, promoviendo en invierno viajes de fin de semana de turismo de congresos, en conciencia y observación de una infraestructura básica que colapsa. 

Con un flujo de apenas tres o cuatro vuelos diarios, es inconcebible que la conexión aérea colapse ante nevazones menores. La administración dispone de las 24 horas del día para preparar la pista. Que nevadas de baja intensidad paralicen el terminal demuestra desidia operativa. A esto se suma que los vuelos se suspenden frecuentemente por falta de equipos electrónicos idóneos para solucionar la baja visibilidad por neblina, un retraso tecnológico inaceptable.

Si la falta de mantención y equipamiento es grave, la gestión posterior al cierre roza la indolencia. Suspendidos los vuelos, el panorama de los pasajeros varados fue una pesadilla. Con la reanudación de operaciones, las aerolíneas fallaron en armonizar la contingencia, demorándose tres a cuatro días en solucionar las listas de espera, mientras los vuelos nuevos salían con normalidad.

Ante esto, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) debe intervenir de oficio. Las aerolíneas se escudan en la "fuerza mayor" para eludir toda responsabilidad. A menos que se arme un escándalo en el mostrador, las compañías niegan asistencia básica de alimentación y hospedaje. Los usuarios quedan a su suerte, costeando la inoperancia del sistema.

Lo peor es la falta de certidumbre. Todo queda bajo un manto de secretismo sin una explicación oficial clara. Es imperativo hacer efectivas las responsabilidades por esta mala gestión. El MOP y la DGAC deben iniciar de inmediato los sumarios administrativos correspondientes para sancionar a los culpables, e informar públicamente a la comunidad sobre sus resultados. Sin transparencia hay impunidad.

El aislamiento de Aysén no es solo geográfico, es administrativo. No podemos tolerar que una infraestructura estratégica sea gestionada con tal nivel de improvisación. Conectarnos es un derecho, no un favor que dependa de si se barrió la pista a tiempo.