La nueva sesión de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Aysén, convocada para definir las solicitudes de Espacios Costero Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), no es una instancia administrativa más. Es, por mandato de la Corte Suprema, una oportunidad crucial para restaurar la fe en el debido proceso y garantizar el estricto apego a la legalidad. 

Tras el rechazo original de las solicitudes de las comunidades indígenas que involucran el derecho de usufructo sobre unas 621.000 hectáreas de costa, el máximo tribunal del país fue claro: la actuación anterior de la CRUBC fue "ilegal y arbitrariamente" ejecutada, al carecer de argumentos con la "suficiencia y entidad como para justificar un rechazo fundado".

La sentencia de la Corte Suprema ordenó un nuevo proceso con una meta inequívoca: asegurar una decisión no arbitraria, no discriminatoria y, por ende, legal, garantizando una resolución debidamente fundada y con estricto apego a la normativa vigente. El fallo no solo corrigió un error; estableció un estándar.

Sin embargo, a pesar de este claro mandato judicial, la preparación para la nueva sesión ha suscitado serias alarmas, poniendo en duda si la CRUBC está lista para cumplir con su rol de garante de la transparencia y la ley. Las críticas levantadas por los abogados representantes de las comunidades solicitantes son contundentes: el proceso se reabrió casi sin aviso previo, sin instancias de diálogo e información y sin la debida notificación a los solicitantes, según indicaron desde dicho sector. Esta "falta de debido emplazamiento" afecta gravemente la garantía de un debido proceso administrativo y coloca en entredicho la transparencia solicitada. Además, una acción de esta naturaleza se aparta flagrantemente del mandato de la Corte Suprema de proceder con "estricto apego a la normativa".

La legalidad de la CRUBC no puede ser una simple formalidad, sino un filtro riguroso. Si la instancia anterior falló por discriminar y actuar arbitrariamente, la instancia actual no puede tropezar con la vulneración de las garantías procesales básicas. La transparencia es la única armadura contra la arbitrariedad.

Es vital, por otro lado, que el proceso tome debida consideración de todas las implicancias del uso de este inmenso territorio costero y marítimo. 

La CRUBC tiene la obligación histórica de demostrar que puede tomar decisiones debidamente fundadas que, en cumplimiento estricto del derecho, sean capaces de balancear los complejos derechos e intereses en juego. Esto significa no solo evitar la arbitrariedad hacia las comunidades solicitantes, sino también garantizar que el proceso sea lo suficientemente robusto y transparente para que todas las partes ?incluyendo quienes critican el alcance y la intención de los ECMPO? sientan que la decisión final, ya sea de aprobación o rechazo, se tomó conforme a derecho y basada en fundamentos suficientes.

Si la CRUBC no logra asegurar ahora las condiciones de legalidad, transparencia y no discriminación exigidas por la Corte Suprema, habrá fracasado doblemente en su misión. El pueblo de Aysén exige que esta sea, finalmente, una Comisión que actúe bajo la luz del derecho.