Un oficio del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) del 21 de diciembre de 2021 consignó la muerte de varios equinos en el sector de Alto Mañihuales, indicando como posible causal contaminación vinculada al tranque de relaves Confluencia de El Toqui. 

Esto, tras denuncias presentadas por pobladores del área cercana a las operaciones del yacimiento que desde 2019 controla Sociedad Minera Pacífico del Sur. En el documento se determinaba que "los equinos afectados estarían siendo indicador biológico de un ambiente contaminado que podría afectar a las personas, por lo que se sugiere establecer una mesa conjunta para definir una estrategia de abordaje de este nuevo evento".

La comunicación, firmada por el director regional del organismo Matías Vial Orueta, estaba dirigida a los seremis de Salud (s), Jourdan Cabezas Parra, y Medio Ambiente, Mónica Saldías de la Guarda, funcionarios de la administración de Sebastián Piñera. A pesar de la gravedad de los hechos constatados y el historial de contaminación del área, y según la información disponible, la mesa no se constituyó.   El tema siguió sin mayor atención del Estado hasta que hace algunos meses se relevara tras la muerte de una decena de vacunos, que organizaciones de la sociedad civil impulsaran la discusión sobre la materia y que el Consejo Regional de Aysén constituyera una Comisión Mixta para monitorear la situación.

En los años previos dirigentes de la Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA) venían alertando sistemáticamente a las autoridades sobre el problema.  Fue en este contexto que en diciembre de 2024 su presidente, Erwin Sandoval Gallardo, expuso sobre la pasividad del Estado en la materia ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.

El oficio del SAG de 2021 constataba que "desde el mes de agosto del presente año se han atendido 3 denuncias por mortalidad de equinos, de un total de 5 muertos, en el sector de 'Los Cerritos'".  Agregasba que "los signos neurológicos han sido la causa de atención en los 3 animales.  Posteriormente a la necropsia se pueden destacar los siguientes hallazgos: coloración anormal de órganos y acumulación de contenido alimentario en las diferentes porciones del tracto digestivo".

Los animales no tenían "enfermedades infecto contagiosas que pudieran estar causando este evento", desplegando a continuación una tabla con los resultados en términos de plomo, cadmio, cobre, hierro, zinc, cromo, níquel y manganeso.

Ante esto, en el documento se planteaba que a la luz de los resultados de las muestras provenientes de "un predio que está en línea directa de la pluma de dispersión del antiguo tranque de relaves (Confluencia) de la Mina El Toqui , y tomando en cuenta los antecedentes que respaldaron el dictamen sancionatorio del procedimiento administrativo F-057-2015 de la Superintendencia de Medio Ambiente, se ha considerado realizar la presente comunicación entre las instituciones del Estado que velan por la protección de la salud de las personas y el medioambiente".

El procedimiento de la SMA al que aludía el documento se inició en diciembre de 2015 luego de conocerse la muerte de animales también por metales pesados, el cual concluyó en 2018 con una multa 2.367 UTA (unos $ 1.350 millones) contra El Toqui.

Este oficio desmiente las declaraciones del delegado presidencial regional, Jorge Díaz Guzmán, quien en entrevista a un medio regional señaló que "lo que pasa es que se reflotó de algo que ocurrió el año 2015", agregando que "desde el punto de vista de la salud animal, informes del SAG, de los sectores del agro nosotros, salvo lo que ocurrió hace algunos años atrás con un animal que, entiendo, ingresó al relave, no hemos tenido denuncias de esa naturaleza".

A pesar de señalar que "he instruido a los servicios públicos para que (las organizaciones de la sociedad civil) que están preocupados de estos temas ciudadanos tengan la mejor información objetiva posible", ha sido infructuoso contar con estos antecedentes. 

En mayo de este año desde ONG FIMA se solicitaron al Servicio Nacional de Geología y Minería todos los antecedentes con que contaban sobre el caso, sin embargo, no se obtuvo respuesta en el plazo establecido.  En paralelo se hizo lo propio con el Servicio Agrícola y Ganadero, el cual no entregó mayor información, omitiendo expresamente el oficio de 2021, mientras que la SMA facilitó cierta información, pero no transparentó las comunicaciones con otros organismos públicos bajo la causal de que acceder a la petición les tomaría demasiado tiempo.

En todos estos requerimientos se recurrió al Consejo para la Transparencia para lograr que los servicios a entreguen la documentación omitida.