Redacción, Diario El Divisadero 
Preocupación y molestia.
Tales son las sensaciones de los dirigentes de las organizaciones que impulsan, desde hace años pero con más fuerza desde enero de 2025, que el Estado aborde con claridad los graves impactos ambientales que ha generado la actividad minera en Alto Mañihuales. A pesar de los esfuerzos por convocar a un espacio en que participen todos los actores, el gobierno en Aysén liderado por el delegado presidencial regional, Jorge Díaz Guzmán, no sólo no ha asumido con fuerza el problema sino que ha puesto obstáculos para la entrega de información clave.
Esta situación ha sido refrendada por una reciente resolución del Consejo para la Transparencia (CPLT) que instruye a la autoridad entregar los antecedentes que se han esgrimido para no tomar el asunto con mayor fuerza. Se trata de una "minuta científica", a la que aludió el delegado en entrevista publicada el 5 de junio de 2025, la cual justificaría su falta de acciones en la materia y a la cual, explicó en la ocasión, "puede tener acceso toda la opinión pública".
En el medio, la autoridad aseveró que "nosotros, desde el punto de vista de la Superintendencia, como del sector de Sernageomin y del Ministerio de Minería, no tenemos denuncias recientes de eso. Lo que pasa es que se reflotó de algo que ocurrió el año 2015.". Palabras que fueron tomadas con preocupación por habitantes y organizaciones de la sociedad civil que, por más de una década, han demandado que la situación de contaminación minera en Alto Mañihuales sea debidamente abordada.
"La información pública a la que hemos tenido acceso, ya entonces contrariaba lo informado por el delegado. Al contrario de lo sostenido públicamente por la autoridad, en este caso no sólo existe evidencias que se remontan al año 2015, sino que hay un informe del SAG que da cuenta de muerte de equinos, durante el año 2021, intoxicados por metales pesados, además de relatos y denuncias de vecinos del sector por fallecimiento de una decena de vacunos durante 2024." explicó el presidente de Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén (CODESA), Erwin Sandoval Gallardo. "Así, siendo evidente la falsa información entregada por el delegado, que no hace sino bajar el perfil a la crisis de derechos humanos que se vive en Alto Mañihuales, solicitamos por Ley de Transparencia acceso a la documentación en la cual sustentó sus palabras".
Frente al requerimiento de información, desde la Delegación Presidencial Regional (DPR) señalaron que la "minuta" a que hizo referencia Díaz Guzmán había sido elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero y la seremi de Minería, por lo cual derivó la consulta a dichos organismos, sin hacer entrega de la información solicitada. Sin embargo, el supuesto documento que justificaría la inexistencia de antecedentes de contaminación posteriores al año 2015 nunca llegó.
Por el contrario, se otorgó acceso al Oficio Ordinario número 453/2021 del director del SAG Matías Vial Orueta, fechado el 21 de diciembre de 2021, en el que expresamente se informa a la seremi de Salud y Medio Ambiente, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, sobre la muerte de animales desde agosto del 2021 y en el cual se concluye que "los equinos afectados estarían siendo indicador biológico de un ambiente contaminado que podría afectar a las personas, por lo que se sugiere establecer una mesa conjunta para definir una estrategia de abordaje de este nuevo evento".
No se tiene información de que en esa época se haya constituido la mesa de trabajo.
Resolución del CPLT
Frente a la negativa respuesta de la DPR, el presidente de CODESA presentó un amparo a su derecho de acceso a la información pública ante el Consejo para la Transparencia, órgano que, por resolución del 18 de noviembre, ordenó que se "entregue al reclamante copia de la minuta mencionada por el señor delegado presidencial regional en la nota de prensa que indica, y respecto de la cual señaló que podía tener acceso toda la opinión pública".
A la fecha, a pesar de los hechos constatados, el gobierno se ha resistido a liderar un proceso que aborde la situación, que hoy involucra a la compañía Minera Pacífico del Sur SpA, controladora de Mina Alto Mañihuales. "Tras la evidencia levantada en el procedimiento sancionatorio concluido el año 2018 por la SMA, los efectos de la contaminación causada por las instalaciones del yacimiento minero El Toqui se han seguido acrecentando, existiendo evidencia científica, denuncias ante los servicios públicos relacionados e, inclusive, relatos de vecinos y vecinas de Alto Mañihuales expuestos ante las autoridades con competencia en la materia" indicó el dirigente.
"Mentir a la ciudadanía con el objeto de disminuir la gravedad de la situación en Alto Mañihuales no puede quedar exento de reproche. En este caso ha quedado en evidencia que el representante del Presidente de la República mintió deliberadamente y sin sustento, bajándole el perfil a la grave situación que ocurre en Alto Mañihuales y desconociendo la evidencia que obra en poder de los órganos competentes. El señor Díaz Guzmán le debe una explicación a la comunidad".
El Consejo para la Transparencia otorgó un plazo de 5 días a la Delegación Presidencial Regional para dar cumplimiento a lo ordenado. Plazo que vence este jueves 27 de noviembre.
Esta situación será parte del conversatorio que este sábado 29 de noviembre, desde las 13:00 hrs., se desarrollará en el Festival Ladera Sur en Santiago, bajo el título: "Relaves en Chile: ¿Cómo abordan las comunidades y la ciencia estos activos-agresores ambientales?", que organizan en conjunto CODESA, Ecosistemas y Fundación Aysenda.
