Tengo la convicción profunda de que nuestra región necesita una justicia cercana, moderna y profundamente humana. Una justicia que no solo investigue delitos, sino que también escuche, acompañe y proteja. Ese es el espíritu que deseo transmitir en cada encuentro con la ciudadanía y en cada espacio de diálogo institucional.

En estas semanas, uno de los desafíos que ha surgido con fuerza es la necesidad de establecer vínculos sólidos con el mundo educativo. Por ello, realizamos recientemente un encuentro con directores, profesores, encargados de convivencia y otros profesionales de colegios de Coyhaique y Puerto Aysén para dialogar sobre temas sensibles y de enorme relevancia, como la obligación de denuncia, la protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos y las herramientas que el Ministerio Público tiene a disposición de las comunidades escolares.

Esta actividad, la primera de una serie que desarrollaremos de manera sistemática con establecimientos educacionales y otras organizaciones de la sociedad civil, me reafirmó que la protección de niñas, niños y adolescentes no es solo un mandato legal sino también un deber ético.

Durante la jornada, abordamos la obligación legal de denuncia que tienen profesores, directores y funcionarios cuando toman conocimiento de un delito que afecta a un estudiante. Este deber está consagrado en el artículo 175 del Código Procesal Penal.

Por cierto, no es la idea convertir a los docentes en investigadores ni motivarles a determinar si realmente ocurrió o no un delito. Su rol es alertar a tiempo y activar los mecanismos que permiten actuar, proteger e investigar.

En mi experiencia, las investigaciones penales se fortalecen enormemente cuando la comunidad educativa reacciona oportunamente. Ello permite a las policías orientar mejor sus diligencias y a la Fiscalía contar con información de calidad para sustentar decisiones frente a los tribunales de justicia.

Este es un tema muy relevante. En nuestras escuelas conviven diariamente cientos de niñas, niños y adolescentes, muchos de ellos en situaciones de vulnerabilidad física, emocional o social. Por eso, cuando una profesora o profesor detecta un cambio brusco en el comportamiento de un estudiante o un signo de alerta, está frente a una oportunidad de colaborar con la obtención de justicia.

Otro de los puntos abordados junto a los representantes de establecimientos educacionales fue la Entrevista Investigativa Videograbada, la cual se encuentra regulada por la Ley 21.057. Este procedimiento, que explicamos detalladamente, tiene como propósito evitar que las víctimas revivan el trauma del delito en múltiples declaraciones.

La Entrevista Investigativa Videograbada se realiza en una sala acondicionada, por un entrevistador especializado y acreditado. En nuestra región, donde los traslados son extensos y la distancia puede complicar los procesos, la EIVG es una diligencia concreta para garantizar que cada persona sea escuchada y protegida.

Otro de los tópicos que analizamos fue el rol de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) y las medidas de protección disponibles cuando una víctima o testigo se encuentra en riesgo. Estas medidas, que pueden incluir rondas policiales, teléfonos prioritarios, instalación de cámaras, alarmas e incluso cambios de domicilio cuando el riesgo lo amerita, entre otros, son decisiones que permiten que las víctimas participen en el proceso penal con mayor seguridad.

En resumen, cuando un establecimiento educacional denuncia a tiempo, cuando resguarda información, cuando mantiene canales abiertos con las policías y la Fiscalía, se activa una cadena virtuosa que permite proteger a quienes más lo necesitan y esclarecer finalmente las denuncias formuladas.