Redacción, Diario El Divisadero
La Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió la tramitación de un recurso de protección presentado el viernes pasado por la Fundación ProCultura en contra del Gobierno Regional de Aysén, órgano que revocó el convenio entre ambas partes para la ejecución del proyecto "Transferencia programa de apoyo a familias de zonas rezagadas Provincia de los Glaciares".
El escrito presentado argumenta que la acción del GORE lo que hizo fue "privar, en forma ilegal y arbitraria, de los derechos" de la fundación reconocidos por la Constitución Política. Por otro lado, la acción busca que la justicia logre "restablecer el imperio del derecho, la firma y el cumplimiento del convenio de transferencia de recursos para la ejecución del proyecto" en cuestión.
En el escrito, la Fundación ProCultura señala que "en el ejercicio de sus objetivos, presentó al Gobierno Regional el Proyecto ya referido, por un monto total de hasta $1.673.356.000" cuyo objetivo es "contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes y pobladores de las comunas de Cochrane, Tortel y O'Higgins de la Región de Aysén, disminuyendo la situación de vulnerabilidad asociada al aislamiento extremo, mediante una intervención focalizada en el apoyo biopsicosocial, productivo y de habitabilidad, que propicie la capacidad de acceso a garantías en derechos fundamentales".
Para ello propone seis líneas de acción que buscarán adicionalmente "identificar y poner en valor los elementos patrimoniales e identitarios que potencien una mejora del bienestar de sus habitantes y que sean sostenibles y sustentables en el tiempo".
Argumentos de la Fundación
Según ProCultura, "habiéndose entregado el borrador del convenio de transferencia de recursos, habiendo sido éste firmado por la Fundación y además habiendo remitido (ProCultura) toda la documentación que da sustento a la ejecución del proyecto y todos aquellos antecedentes que acreditan la experiencia de la Fundación en la ejecución de proyectos similares, se sucedió la serie de eventos que terminaron con la decisión de la Gobernadora y con la supuesta confirmación por parte del CORE, en orden a dejar sin efecto los actos administrativos que permiten la transferencia de recursos".
Por ello, la cuestionada fundación señala que "encontrándose solamente pendiente la firma del convenio de transferencia de recursos por parte de la Gobernadora, ésta decidió de manera unilateral dar un vuelco en la ejecución del Programa, presentando la moción de revocar -sin fundamento racional ni legal alguno- las decisiones ya adoptadas, a fin de dejar sin efecto el Programa. Tal decisión se intentó justificar en el contexto derivado de la amplia discusión pública y política que ha generado recientemente la suscripción de convenios por parte de órganos administrativos con algunas entidades sin fines de lucro, en otras regiones del país, y que nada tiene que ver con el convenio materia del presente Recurso de Protección".
La fundación también sostiene que existe una "notoria falta de fundamentos" en la decisión de la gobernadora, lo que es injustificado, considerando que "los consejeros regionales manifestaron su imposibilidad de conocer sin tener un respaldo jurídico para una decisión de dicha naturaleza".
Luego de que dos profesionales del GORE Aysén elaboraran informes jurídicos para solicitar un pronunciamiento a Contraloría, ProCultura estudió dichos informes y concluyó que existen dos argumentos para presentar el comentado recurso de protección.
"La primera de ellas es que se descarta cualquier irregularidad en el proceso de tramitación de este Proyecto ante la autoridad, por lo que para el ente recurrido (y, desde luego, para esta parte también) el acto administrativo aprobatorio se encuentra ajustado a Derecho", indica el escrito.
"La segunda circunstancia, es que se entiende que por no encontrarse el convenio firmado ni refrendado a través del correspondiente acto administrativo, la revocación del acuerdo N°6.216, de 2023, sería admisible".
Además de ello, ProCultura sostiene que la gobernadora Andrea Macías no logró el quórum necesario en el Consejo Regional para concretar la revocación del convenio.
Desde la Fundación ProCultura remarcan que los argumentos para revocar el convenio, "se trata de razones espurias, sin ninguna vinculación con el mérito del Proyecto mismo y sin razonabilidad alguna considerando el caso concreto que la decisión objeto de análisis. Lo único concreto es el miedo que inundó a algunos consejeros y a la Gobernadora de aprobar un convenio con una fundación que ha aparecido en los medios de información, y la indeterminada extensión de la investigación penal reservada que lleva adelante el Ministerio Público. Ninguna insinúa siquiera que existan siquiera indicios de un actuar ilegal por alguna de las partes intervinientes en su gestación, pues se reconoce expresamente "que no existen irregularidades en el proceso llevado entre el Gobierno Regional y la Fundación Pro Cultura".
Lee en detalle el recurso de protección aquí.
