En entrevista con Café Diario de El Divisadero TV, el Defensor Penal Público Regional, Jorge Moraga, abordó el recurso de amparo presentado en conjunto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en favor de las mujeres privadas de libertad en la región de Aysén, quienes permanecen internadas en pésimas condiciones de habilitabilidad en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Coyhaique.

De acuerdo a lo señalado por Moraga, lo que viven las reclusas en nuestra región es "una realidad tan agobiante, apremiante y olvidada", que se viene arrastrando por mucho tiempo. "Son años en que se viene perpetuando una situación de un trato muy indigno, muy desigual en relación a los varones privados de libertad que sufren las mujeres en nuestra región", puntualizó.

Según el Defensor Regional, las condiciones en las que conviven las internas "son indignas y no son acordes a las mínimas condiciones que una persona ha de cumplir una prisión preventiva o una pena. Nadie pide que lo pasen bien o que sea un lugar agradable, pero tiene que tener una estándar mínimo de dignidad que hace tiempo no se cumple en nuestra región".

En este sentido, Moraga indica que además hay "un trato diferenciado en relación al varón privado de libertad que, francamente, es insoportable a estas alturas de las luchas por la igualdad". 

Hacinamiento

Todo lo anterior, se da porque los hombres privados de libertad hoy tienen la posibilidad de cumplir una condena o una prisión preventiva en cuatro ciudades de la región, dependiendo de lo cerca que pueda quedar de su entorno familiar o social, pero las mujeres no tienen esa alternativa.

Según el Defensor Regional, "es la cárcel de Puerto Aysén la que debe volver a tener una sección femenina, porque hasta el año 2006 la tenía". 

De esta manera, se solucionaría uno de los factores que hoy acentúa la desigualdad y las malas condiciones de habitabilidad. Y es que debido a la falta de otras opciones de reclusión femenina y a que la ley indica que quienes están pagando una condena y quienes están en prisión preventiva deben estar en espacios separados, se produce un hacinamiento que hoy llega a una ocupación de apenas seis metros cuadrados por interna.

A lo anterior se agrega que "en las mañanas pueden salir al patio el grupo de las mujeres en prisión preventiva, y en la tarde las mujeres condenadas o al revés", lo que se traduce en que mientras los hombres tienen en promedio ocho horas de desencierro diariamente, las mujeres tienen solo tres horas para salir a un patio que no está techado, por lo que en invierno ese tiempo se acorta.

"Por 21 horas están encerradas en espacios donde hay nueve mujeres encerradas en 30 metros cuadrados. ¿Qué posibilidades de reinserción hay en ese escenario? Francamente ninguno. Lo que se generan son naturales disputas y hostilidades entre ellas que asimismo le generan una baja calificación en conducta, con lo cual tienen menos posibilidades de acceder a beneficios", insiste Jorge Moraga.

Abuso de la prisión preventiva

Otro factor que para el Defensor Regional "causa repulsión", es el abuso de la prisión preventiva por parte del Poder Judicial. "No debiera imponer una prisión preventiva, y es la que nos causa repulsión, por un lado, si es que hay alguna posibilidad de pensar que a la persona no la van a condenar y, créame que hay un porcentaje de gente que está presa y no es condenada. Pero tampoco en aquellos casos en que se pueda visualizar que la persona, siendo condenada, va a ser condenada a una pena en libertad. Son, en esta región, decenas; pero a nivel nacional son miles los casos…", detalla Moraga.

Lo que la Defensoría cuestiona es que el sistema hoy entiende "que la prisión preventiva es el momento de imponer el castigo. No es lógico, no es razonable que si, como sociedad, consideramos que la persona, por el tipo de delito que no es muy grave o por el historial de la persona que da cuenta de que es recuperable, a la hora de sancionarlo no se le va a encerrar, en el proceso que lleve al juicio se le mantenga encerrado. Eso es lo más urgente de corregir", según el Defensor Moraga.

La autoridad complementó lo anterior advirtiendo que a nivel regional "la población penal viene aumentando brutalmente". Hace seis años habían alrededor de 220 internos y hoy son más de 340, mientras que quienes estaban en prisión preventiva hace seis años eran unos 50 internos y hoy esa cifra llega a 105.

Sin duda, se trata de un problema que se irá agudizando con el pasar del tiempo y que hace urgente mejorar las condiciones carcelarias en la región de Aysén.

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