El diputado René Alinco presentó este miércoles un oficio ante la Contraloría Regional de Aysén con el objetivo de investigar un eventual sobreprecio en la adquisición de calefactores destinados a establecimientos educacionales administrados por el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Aysén.

La presentación hace referencia a la licitación pública ID 1473847-10-LR25, correspondiente al proyecto de reposición de calefactores para establecimientos educacionales de la región, cuyo contrato asciende a $499.796.876 para la compra de 225 estufas a pellet. Según el oficio, esa cifra representa un valor aproximado de $2.221.319 por unidad.

El parlamentario sostiene que existe una diferencia relevante entre ese monto y el precio publicado por el fabricante del mismo modelo de calefactor, el cual, según los antecedentes acompañados al oficio, se ofrece al público por $789.000, situación que, a su juicio, amerita una revisión por parte del órgano contralor.

"Los recursos públicos deben administrarse con absoluta transparencia. Cuando existen diferencias de precios de esta magnitud, corresponde que la Contraloría determine si el proceso se ajustó plenamente a la normativa y si hubo un uso eficiente de los recursos del Estado", señaló el diputado René Alinco.

Junto con el oficio, el parlamentario acompañó como antecedentes la resolución que aprobó el contrato de licitación y documentación relacionada con el valor de mercado del modelo de calefactor adquirido, solicitando que la Contraloría Regional realice la investigación correspondiente y establezca si existió o no un eventual sobreprecio en la compra.

Querella pendiente

Cabe destacar que la licitación incluía la instalación de los artefactos que, a pocas semanas de ser instalados, presentaron graves fallas que llevó al SLEP Aysén a rescindir el contrato con la empresa Tagua SpA, luego de que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) determinara que las estufas instaladas no cumplían con la certificación obligatoria para su funcionamiento.

La SEC incluso solicitó a la empresa Working Global Services SpA, fabricante de las estufas Flameco (con sede en Puerto Montt) retirar del mercado todos sus calefactores, debido a esta falta de certificación. 

Lo anterior, motivó a que SLEP Aysén presentara una querella por la presunta existencia de un delito de estafa, puesto que la empresa Tagua SpA, que se ganó la licitación del proyecto, presentó entre los antecedentes necesarios documentos que supuestamente acreditaban la certificación de los calefactores.

Además, de acuerdo a la información entregada por SLEP, finalmente no se pagó por el servicio licitado, sino que se realizó un trato directo con otra empresa para realizar un nuevo cambio de calefactores.