La ley 20.066 en su artículo 5° establece que será constitutivo de violencia intrafamiliar todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica, la libertad o indemnidad sexual, o la subsistencia o autonomía económica, en contra de una persona que tenga o haya tenido, respecto de quien ejerce la violencia, la calidad de cónyuge o conviviente civil, conviviente, pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia, padre o madre de un hijo o hija en común y pariente por consanguinidad o afinidad.

Tomando como base este marco legal, que fue complementado por la Ley 21.675 y que tiene como objeto cumplir con compromisos internacionales asumidos por el Estado de Chile en materia de Derechos Humanos, particularmente en lo relativo a la "Convención Belém do Pará", la que exige "incluir en su legislación normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso", esta semana tuvimos un espacio de encuentro y diálogo con dirigentes vecinales y sociales de Coyhaique, a fin de informar -en general- el proceso asociado a las investigaciones penales y protección de víctimas y testigos de delitos de violencia intrafamiliar y de género.

La idea es que, como líderes y referentes de las comunidades, puedan transferir estos conocimientos a los habitantes del territorio y así poder entregar una adecuada orientación inicial y básica a personas que hoy pueden estar sufriendo las consecuencias de diversos hechos que tienen relación con violencia de género y VIF.

En la reunión mencionada anteriormente, un profesional de la Unidad de Víctimas y Testigos explicó las opciones de ayuda, orientación y apoyo que posee la Fiscalía, en el marco del presupuesto anual que se nos otorga. Además, se mencionó la evaluación de riesgo que se realiza para cada víctima de violencia intrafamiliar y de género e incluso se analizó el fenómeno de la retractación en este tipo de hechos, entre otros aspectos.

Nos interesa propiciar esta vinculación con el medio para difundir el conocimiento entre quienes más lo requieren, con determinación, en línea con el Plan Estratégico de la Fiscalía, donde unos de sus ejes es instaurar un nuevo trato en la relación y protección de víctimas y testigos. En eso, los representantes sociales y comunitarios poseen una amplia relevancia debido a la influencia positiva que pueden ejercer en la sociedad. 

De acuerdo a estadísticas de la Fiscalía, al 29 de julio de este año, comparando periodos iguales del año 2025 y 2026, es decir enero a julio, se detecta un alza en los casos asociados a violencia intrafamiliar en la Región de Aysén, los cuales han aumentado de 647 a 829. Es decir, estamos hablando de un incremento de un 28,1% en los casos ingresados.

En base a la tendencia actual, se proyecta un ingreso cercano a las 1.600 causas para este año en este ámbito en toda la región de Aysén, lo cual, por cierto, es un factor de permanente preocupación ya que estas cifras corresponden sólo a los hechos que sí son denunciados. ¿Qué sucede con aquellos ilícitos que siguen ocurriendo intramuros y de los cuales no existe información? 

En muchas ocasiones estos delitos no se denuncian por miedo o por vergüenza, dada la relación de parentesco o de dependencia económica existente entre víctima y victimario, o por temor a que no le crean. Al respecto, resulta fundamental informar y concientizar sobre los derechos que le asisten a las víctimas y, sobre todo, la importancia de denunciar oportunamente estos casos. El reciente encuentro entre dirigentes y nuestra Unidad de Atención a Víctimas y Testigos va en esa línea.