Editorial, Redacción En Aysén, la energía no es solo un tema técnico. Es una condición básica para vivir, producir y proyectar futuro. Sin embargo, la región sigue operando con una fragilidad estructural que se arrastra hace años: dependencia del diésel, sistemas aislados y costos que terminan pagando las comunidades.
La contradicción es evidente. Aysén tiene condiciones privilegiadas para desarrollar energías renovables no convencionales: viento constante en amplias zonas, ríos, potencial solar en ciertas épocas y territorios aptos para soluciones híbridas. Aun así, gran parte de la electricidad que sostiene la vida cotidiana —desde un almacén hasta un centro de salud— sigue dependiendo de combustible fósil que llega desde lejos, encareciendo todo el sistema.
El problema no es solo ambiental. Es profundamente territorial. Cada alza en el precio del diésel impacta directamente en el costo de la energía y, por extensión, en el costo de vivir en la región. Eso se traduce en alimentos más caros, servicios más limitados y menos margen para emprender. La energía, en Aysén, termina siendo una barrera para el desarrollo.
Aquí hay una tensión de fondo que no se puede seguir evitando: mientras a nivel país se habla de transición energética, en la práctica las regiones extremas siguen ancladas a soluciones del pasado. La promesa de las energías limpias no llega con la misma fuerza a los territorios aislados, donde más se necesita.
La actual configuración de sistemas eléctricos aislados agrava esta desigualdad. Localidades que no están conectadas a un sistema mayor dependen de soluciones locales que, en muchos casos, son más caras e inestables. No es solo un problema de infraestructura, es un problema de enfoque. Se ha abordado la energía desde una lógica central, sin considerar las particularidades de territorios como Aysén.
Por eso, la discusión no puede limitarse a incorporar más generación renovable de manera dispersa. Se requiere una política energética regional, pensada desde y para el territorio. Eso implica reconocer que no todas las soluciones sirven para todos los lugares, y que la planificación debe hacerse con conocimiento local, participación de las comunidades y coordinación efectiva entre el sector público y privado.
El desafío es doble. Por un lado, avanzar en una matriz energética más limpia, aprovechando los recursos disponibles. Por otro, garantizar estabilidad y continuidad del suministro. No basta con instalar proyectos si estos no resuelven la intermitencia o no están integrados a sistemas que aseguren respaldo.
En este punto, el rol del Estado es clave, pero no suficiente. Se necesita abrir espacio a la inversión privada con reglas claras, incentivos adecuados y una mirada de largo plazo. La energía debe dejar de ser vista solo como un costo y comenzar a entenderse como una plataforma para el desarrollo productivo.
Porque sin energía confiable, no hay diversificación económica posible. Sectores como el turismo, la agroindustria o incluso iniciativas de valor agregado en origen dependen de un suministro estable y accesible. Hoy, muchas ideas no avanzan no por falta de iniciativa, sino por falta de condiciones básicas.
La urgencia es clara: seguir dependiendo del diésel no solo es caro, es insostenible. Pero cambiar esa realidad requiere decisión política y coherencia en la acción. No basta con diagnósticos ni anuncios.
Aysén necesita una transición energética propia, que responda a su geografía, a sus distancias y a su gente. Una transición que no llegue tarde ni a medias.
Porque en el fondo, lo que está en juego no es solo cómo se genera la energía. Es quién puede desarrollarse en la región y en qué condiciones. Y esa es una discusión que ya no admite postergaciones.
