Es parte de nuestra época. La contingencia nos enfrenta a casos altamente mediatizados, que generan gran interés, movilizan a la opinión pública y las posiciones se construyen rápidamente a través de las redes sociales.

Un ejemplo reciente es el bullado caso de los tres extraviados en el Cajón del Maipo. Un hombre y dos mujeres viralizados en redes como "el Chino" y dos parvularias. Una historia que transformó su rescate en el centro de atención y que ilustra cómo la presión mediática dicta sus veredictos antes que la justicia penal siquiera comience a investigar los hechos.

La hipótesis preliminar del secuestro se desvaneció prontamente. Y, hasta ahora, los tres involucrados no enfrentarían consecuencias penales. Sin embargo, la mayoría de los casos son mucho más complejos y requieren del trabajo del Sistema de Justicia: una investigación objetiva dirigida por el Ministerio Público; que el imputado cuente con la defensa técnica de un abogado o abogada particular o de la Defensoría Penal Pública; y que la sentencia definitiva sea consecuencia de un proceso legal y dictada por un Tribunal imparcial.

Frente al "me gusta", el juicio lapidario y la generalización apresurada que brotan en las redes sociales, es fundamental recordar una de las garantías más importantes del proceso penal chileno: la presunción de inocencia. 

Una persona sólo puede ser considerada culpable después de un juicio justo, donde se comprueben los hechos con pruebas válidas y un tribunal imparcial lo declare culpable mediante una sentencia definitiva.

?El proceso penal es siempre complejo y de la máxima gravedad, pues las consecuencias involucran la pérdida de la libertad o la afectación irreversible de los derechos fundamentales. Ceder ante el clamor de la condena anticipada es vulnerar la dignidad humana y correr el riesgo inaceptable de castigar a quien no lo merecía. 

Por ello, aun cuando la presión social exija respuestas inmediatas, el derecho y la necesidad de contar con una defensa técnica especializada son indispensables para equilibrar la persecución penal y garantizar un debido proceso.

?La Defensoría Penal Pública tiene la misión de garantizar una defensa penal de alta calidad, contribuyendo al acceso a la justicia, resguardando la dignidad y los derechos humanos de todas las personas que enfrentan un proceso penal en calidad de imputado, asumiendo la defensa técnica de quienes no cuenten con defensa privada, y con especial atención a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Nos guía la profunda convicción de que sin defensa no hay justicia, porque sin una defensa efectiva, no se garantiza un juicio justo, ni la protección de los derechos de las personas.

En la era de la información y las redes sociales, el proceso penal está llamado a mantener su función de mecanismo de juzgamiento de delitos. Y si queremos que la justicia se base en pruebas, no en meras impresiones o prejuicios, la presunción de inocencia es una garantía, no es un obstáculo.