El clivaje electoral invisibilizado: ¿Es la naturaleza sólo un recurso?

Probablemente, a más de alguno le dará lo mismo.  Que son temas del globalismo, en este caso ambientalista. Que no es cierto, que cada persona (o país) hace lo que quiere y que lo importante es crecer, crecer y crecer.  No importa el costo, ya que la naturaleza y los seres humanos del futuro pagarán la cuenta.

La aprobación de la Ley de Autorizaciones Sectoriales en Chile, llamada desde el desarrollismo radical "de permisología" (sí, existe un radicalismo productivista), no es solitaria golondrina de una noche de verano.  Tampoco veranito de San Juan extractivista.  Es parte de una lógica que recorre el planeta y lo arrasa. Incluido nuestro subcontinente. 

Hasta hace un tiempo, como región (latinoamericana, aunque al chovinismo patriotero nacional y local no le guste la homologación con el vecindario) dábamos cátedra sobre políticas públicas socioambientales de vanguardia.

Ecuador incorporó en 2008 a su Constitución los derechos de la naturaleza, en 2021 se aprobó el Acuerdo de Escazú sobre información, participación y justicia ambiental y Bolivia se revelaba en contra de la privatización del agua en 2000.  Será por los vínculos con los pueblos originarios que la sensibilidad pro natura emergía con mayor fuerza en esta América morena. No rubia, caucásica ni colorina.  Indígena o, al menos, mestiza. 

Pero como la teoría del péndulo lo dice (en clave política se llama a aquello contraofensiva reaccionaria), la regresión comenzó fuerte como respuesta a estos avances.  De la mano, por cierto, de la emergencia de ultraderechas que con cierta izquierda desarrollista comparten que la biodiversidad está ahí sólo para usarla a nuestro arbitrio.  Como un recurso que puede ser mercantilizado y apropiado por unos pocos sólo por obra y gracia del capital. 

Claramente lo patrimonial es parte de la ecuación cuando hablamos de la naturaleza en su función productiva (que, no está demás aclarar, no es la única).  El problema está en la acumulación de ciertos elementos y vidas que debieran ser comunes, e incluso en algunos casos ser sujeto de derechos. 

En Chile lo vimos con la Ley de Autorizaciones Sectoriales, entre otras normativas que siguen avanzando, como es la reforma al Reglamento al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, impulsada por la ministra Maisa Rojas.  Éste flexibiliza el umbral para el ingreso a evaluación de ciertos proyectos, además de permitir la tramitación express de las modificaciones a los cuales ya cuentan con una autorización ambiental.  Esto último permitiría que empresas presenten iniciativas subdimensionadas (no muy sorpresivo: ya usan la frigura de la fragmentación), para que una vez aprobados puedan ser ampliados por vía administrativa.

Pero Chile no está solo.

Un reciente artículo de DW consignó que en varios países del barrio se cuecen habas similares.

En Ecuador, por ejemplo, "el presidente Daniel Noboa está avanzando en una reforma constitucional velada a través de leyes marcadas de urgencia económica, atropellando la Constitución" explicó el economista y ex presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta.  La idea, concesionar áreas protegidas con el fin de enfrentar la falta de presupuesto fiscal para su gestión.  Noboa es militante del partido Acción Democrática Nacional, de corte populista de derecha y libertario.

Aunque suene extraño, en Chile eso ocurre desde hace ya varios años.

En Brasil, en tanto, el Congreso ha aprobado un proyecto (conocida también como "Ley de Devastación") que flexibiliza los permisos ambientales, donde para ciertos proyectos los titulares podrán, en la práctica, auto otorgarse las autorizaciones.  Esto, mediante una declaración jurada o designándose de interés estratégico nacional.  El gobierno de Luis Inácio da Silva está dividido, sin claridad crítica a esta iniciativa.  Recordemos: Lula es de ideología socialdemócrata y de izquierda.

No hay que sorprenderse: La Ley de Autorizaciones Sectoriales avanzó en Chile en medidas similares.

Y en Perú, el desmantelamiento viene ya desde hace años. Hoy existen los Informes Técnicos Sustentatorios(ITS), que son autorizaciones ambientales con fast track y parciales, que permite a las empresas modificar los proyectos en el proceso. Y hace poco se modificó la normativa forestal con el fin de agilizar los cambios de uso de suelo, habilitando una "mayor deforestación y tráfico de tierras".  Los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo y el Congreso, al igual que en Chile, han sido combatir la burocracia y facilitar trámites.  La presidenta Dina Boluarte, hoy independiente, proviene de la izquierda.

Ideas similares están aprobándose  en Chile por estos días.

En época de revisión de los clivajes políticos, cuando populismos de todo tipo pretenden que la disyuntiva sea el pueblo virtuoso contra la élite corrupta, hay otra polaridad que sigue vigente: ver la naturaleza sólo como un recurso o entenderla como parte integrante de la vida, la nuestra actual y futura, y de las otras especies que nos acompañan. 

En el fondo, como sustento de la existencia o sólo como despensa o vertedero.