Durante décadas, Chile se miró al espejo con complacencia. Nos repetimos que no éramos un país corrupto. Las principales autoridades del Estado no se enriquecían en el ejercicio del cargo y no existía una corrupción generalizada en los aparatos administrativos. Esa narrativa fue parte de nuestra identidad y una fuente de orgullo comparativo frente a otros países.

Pero esa historia se quebró con el golpe cívico-militar. La dictadura instauró una forma de corrupción inédita hasta entonces: el uso del poder absoluto para apropiarse de recursos públicos y transferirlos, sin contrapesos ni escrutinio, a intereses privados, partiendo por el propio dictador.

Desde entonces, la corrupción dejó de ser una anomalía y pasó a ser un riesgo sistémico. Durante años nos consolamos con una frase engañosa: "estamos mejor que muchos". Puede ser cierta en términos comparativos, pero es irrelevante para entender el fenómeno. La corrupción no se mide solo por rankings internacionales, se mide por su impacto en la confianza, en la cohesión social y en la legitimidad de las instituciones.

Y ese es su costo invisible.

La corrupción erosiona la confianza interpersonal y la confianza en el Estado. Cuando la ciudadanía percibe que las reglas no son iguales para todos, que el poder compra indulgencias y que los delitos de cuello y corbata rara vez terminan en sanciones proporcionales, se rompe el contrato social. La consecuencia no es solo indignación moral: es desafección cívica, incumplimiento de normas, retraimiento de la cooperación social y, finalmente, más criminalidad.

Chile aún se resiste a mirar en profundidad al crimen organizado que irrumpe donde las instituciones son frágiles y se instala allí donde puede comprar silencios, voluntades y accesos. Sin corrupción no hay secuestros sistemáticos, no hay cobro de "protección", no prospera el comercio ilegal ni se consolidan redes de narcotráfico y trata de personas con control territorial.

Los últimos años han mostrado solo la superficie de ese fenómeno. La corrupción en Gendarmería no es un hecho aislado. La seguridad ciudadana se deteriora por la penetración corrupta del Estado por organizaciones criminales.

A esta corrupción se suma otra, más sofisticada y menos visible: la captura regulatoria. Es cuando intereses económicos o sectoriales influyen decisivamente en el proceso legislativo y regulatorio para que las reglas se diseñen a su favor. Ocurrió por ejemplo en la pesca y en el sistema previsional. Es una corrupción con visos de legalidad en su forma, pero profundamente ilegítima.

Y la que hemos visto el último año es la captura judicial en que el daño es aún mayor. La llamada trama bielorrusa, que terminó con la destitución por el Congreso de dos ministros de la Corte Suprema. No fueron simples errores individuales, sino señales de una degradación institucional profunda, al parecer con soborno directo.

Decidir combatir la corrupción para reducirla de manera significativa exige abandonar la hipocresía, dejar de compararnos con otros y asumir que el problema es estructural: transparencia radical, control efectivo del lobby, protección a denunciantes, persecución penal especializada y perseguir la ruta del dinero, siguiendo flujos financieros, testaferros, empresas de fachada y lavado de activos. Pero, sobre todo, exige voluntad política para romper los pactos de autoprotección en las élites.

La corrupción no solo cuesta dinero. Cuesta seguridad, confianza y futuro. Y ese costo, aunque invisible en las cuentas públicas, es el más alto que puede pagar un país.