Durante la semana pasada la Defensoría Penal Pública junto con la Universidad de Aysén realizaron en Coyhaique un seminario destinado a debatir y reflexionar en torno al crucial derecho de los niños y adolescentes que intervienen en todo proceso judicial, a ser oídos previo a que se adopten las decisiones que directamente les afectan.

El proceso judicial suele ser, por definición, un entorno hostil. Salas de audiencias muchas veces imponentes, uso de un lenguaje técnico generalmente incomprensible, frases sacramentales, tratos solemnes y la presencia del presunto agresor constituyen un escenario de alto estrés que puede silenciar o inhibir al más valiente de los adultos.

El derecho a ser oído en la justicia juvenil es la máxima expresión del derecho a la defensa material. Un adolescente no puede defenderse si no comprende de qué se le acusa o si el sistema asume que su abogado defensor es el único que debe hablar. El juez penal tiene la obligación de escuchar la historia que existe detrás de todo delito: el contexto familiar, la deserción escolar, las vulnerabilidades socioeconómicas y los factores que empujaron a un niño o joven a la transgresión de la ley.

Escuchar al adolescente infractor no significa, en caso alguno, justificar sus actos ni promover la impunidad. Significa entender su realidad, cuestión fundamental porque solo de esa forma es posible lograr el diseño de una sanción con enfoque pedagógico y restaurativo. La justicia penal juvenil no debe buscar la retribución ciega o el aislamiento destructivo; su fin último debe ser la reintegración social del niño o adolescente. 

La forma en que un sistema judicial trata a sus niños y adolescentes es el reflejo más fiel del nivel de civilización y calidad democrática de un país. Una justicia que ensordece ante el llanto de una infancia vulnerada o que amordaza la versión de un adolescente enjuiciado es una justicia coja, ciega y profundamente injusta.

Garantizar que los niños y adolescentes sean oídos con respeto, con dignidad y pudiendo tener la opinión o versión de ellos efectos reales en las sentencias que se dictan no es una utopía; es más bien una obligación legal y moral que debemos tener presente y reforzar en todo momento.

El desafío que a diario enfrentamos en esta materia es claro: garantizar la operatividad de un sistema judicial penal donde la voz de los niños no sea un eco lejano o ignorado, sino más bien la llave insustituible que guíe el camino hacia una verdadera y acabada justicia.