Más allá de que nuestra región muestra, al igual que el resto del país, un actual e incesante incremento de personas privadas de libertad (en nuestra región en los últimos cinco años se ha más que duplicado la población penal bajo prisión preventiva) el análisis desglosado en torno al tipo de delitos que mayoritariamente es cometido en Aysén, demuestra que vivimos en un territorio en el que los problemas de seguridad radican, más que en lo que entendemos por delincuencia común o crimen organizado, en problemas de consumo problemático de drogas y alcohol.

Indudablemente, en estas áreas se entremezclan aspectos de educación y formación que no pueden ser prevenidos o abordados exclusivamente a través de la búsqueda de mágicas medidas legislativas y, menos aún, desde una perspectiva exclusivamente sancionadora.

Cada defensor y defensora de nuestra región, al asumir las causas en las que les corresponde intervenir, como asimismo cada uno de nuestros funcionarios y funcionarias que desde sus distintos ámbitos de desempeño entran en contacto con las personas que defendemos y sus familias, logran percibir que respecto de la gran mayoría de aquellas no existiría una imputación penal de la cual defenderse, si hubiesen tenido más oportunidades de educación, si no enfrentaran problemas de consumo excesivo de alcohol o adicción a drogas, o si la comunidad toda, les hubiésemos dado a estas personas una real posibilidad de reinsertarse después de purgar una sanción penal.

Sabemos que la ingesta excesiva de alcohol y las drogas ilícitas pueden ser el inicio de un camino de perdición que lleva a delitos violentos tales como lesiones, muchas veces cometidos en contexto de violencia intrafamiliar, robos, agresiones sexuales y homicidios. Así las cosas, pareciera que más allá de la sanción que, por cierto, corresponde aplicar, se trata también de un problema de salud pública. Un problema que, por lo mismo, para evitar que se perpetúe, debe ser resuelto apuntando a su origen con programas y políticas en el ámbito de la salud y una oportuna intervención terapéutica.
 

Si bien dichas medidas, frente al fenómeno del delito, son de largo aliento, complejas, costosas y poco llamativas, constituyen el único sendero que como sociedad hemos de transitar si de verdad queremos controlar el fenómeno delictivo, desafío que mayormente se juega en la efectiva adopción de medidas preventivas y no en el momento de la persecución y el castigo.