La devastación dejada por los recientes incendios en la zona centro-sur, que ha golpeado con fuerza a localidades como Lirquén y Penco en la región del Biobío, se presenta como el primer y más crítico examen para la administración entrante de José Antonio Kast. La urgencia de una respuesta estatal no admite dilaciones. El éxito de este proceso dependerá de la eficiencia en la planificación, una coordinación ejemplar con el gobierno saliente de Gabriel Boric.

Kast ha movilizado a su "gabinete de emergencia", posicionando a Iván Poduje (Vivienda) y Martín Arrau (Obras Públicas) como los arquitectos de la recuperación. El desafío es mayúsculo: deben demostrar una gestión que supere la percepción de lentitud que afectó reconstrucciones previas, como la de Valparaíso. La dupla elegida combina la experiencia técnica de Poduje en urbanismo con el conocimiento territorial de Arrau, quien fuera el primer intendente de Ñuble. Su tarea será articular un plan que integre a Bienes Nacionales, el Serviu y las municipalidades para evitar trabas en la obtención de suelos y agilizar la entrega de viviendas e infraestructura crítica.

Un elemento central será la transición política. La reciente reunión en La Moneda entre Kast y el Presidente Boric para intercambiar información sobre la catástrofe es un paso necesario. La coordinación debe ser total; la instalación de las nuevas autoridades en marzo no puede significar un paréntesis en la ayuda a las víctimas. El país espera que la administración entrante recoja la posta con madurez, garantizando la continuidad de los suministros básicos y el restablecimiento de la conectividad rural.

Finalmente, la tragedia debe ser el motor de nuevas iniciativas legales. Ante los indicios de intencionalidad en los focos de incendio, es imperativo fortalecer el marco jurídico para prevenir y sancionar estos actos. Asimismo, la agenda "anti-permisología" que propone el futuro ministro de Economía, Daniel Mas, debe servir para destrabar la burocracia que impide una reconstrucción ágil. Esta crisis es, en palabras de analistas, una oportunidad para que el gobierno de Kast demuestre su capacidad de gestión y compromiso con la seguridad de los ciudadanos.