La llegada de grandes conglomerados comerciales a nuestra región siempre se presenta bajo una narrativa atractiva de empleo y modernización. Es innegable que toda autoridad municipal aspira a mostrar cifras de crecimiento. Sin embargo, detrás del brillo de una nueva multitienda se esconde una realidad económica compleja que el alcalde debe mirar con extrema cautela.

El fomento desmedido a estos gigantes del retail conlleva un riesgo altísimo de canibalización del mercado interno. Las autoridades locales suelen olvidar que el tejido empresarial nativo —los almacenes de barrio, las tiendas familiares y los emprendedores de la comuna— constituye el verdadero pulmón financiero de la zona. Ellos no desvían sus ganancias a matrices externas; reinvierten cada peso en la misma comunidad, generando un círculo virtuoso que sostiene a cientos de familias de la región.

Resulta peligroso que la gestión municipal otorgue facilidades a corporaciones que compiten en total desigualdad con el comercio local. Aquí radica una gran falacia del centralismo económico: estas grandes empresas tributan sus impuestos principales en el domicilio de su casa matriz en Santiago, dejando un beneficio fiscal mínimo en nuestra zona. 

Las grandes ganancias se fugan a la capital, mientras que los comerciantes de Coyhaique son los verdaderos y más fieles contribuyentes de la comuna. Son nuestros vecinos quienes, a través de patentes comerciales e impuestos locales que se quedan íntegramente aquí, financian las arcas públicas con las que se pavimentan calles, se iluminan barrios y se ejecutan programas sociales.

Esta asimetría roza el arbitrio cuando observamos la nula fiscalización urbana. Es inaceptable que se permita la transformación de meros galpones en macrotiendas —muchas de capitales orientales— sin cumplir estándares mínimos de habitabilidad y seguridad. Mientras a un microempresario local se le exige de manera inflexible contar con baños públicos normados, accesos universales y estructuras metálicas con pintura antiflama para evitar tragedias, a estas grandes bodegas reconvertidas se les mide con una vara sospechosamente laxa. 

Esta doble estructura de fiscalización es una injusticia que vulnera la igualdad ante la ley. Y en los criterios actuales de Contraloría General de la República la comunidad observante demanda una autoridad que no aparezca como consulado de las mega empresas. Basta una audiencia protocolar. Las sesiones de fotos son para gerentes y promotoras;  el que el alcalde haga promoción ya le priva de neutralidad y con ello se entiende el cómo es que se exime a los foráneos de los más duros rigores aplicados a los emprendedores locales. 

Si el municipio no equilibra la balanza y exige las mismas reglas del juego para todos, asistiremos a la quiebra sistemática de nuestros negocios tradicionales. 

El alcalde debe ser un guardián del ecosistema económico local. La inversión externa es bienvenida, pero solo si complementa la oferta existente y si se somete a las mismas cargas técnicas, sanitarias y de seguridad que pesan sobre nuestros vecinos.

Sea cuidadoso, señor alcalde. Proteja a sus contribuyentes históricos, fiscalice con rigurosidad a los recién llegados y condicione la apertura de estos galpones. 

El verdadero progreso no destruye lo que costó levantar; lo defiende del centralismo.