La reciente formalización por fraude al Fisco que involucra al diputado y ahora senador electo, Miguel Ángel Calisto, junto a tres de sus colaboradores cercanos, no es solo un trámite judicial; es un enérgico llamado de alerta sobre la fragilidad de la probidad en nuestra región. El Ministerio Público ha puesto sobre la mesa un esquema de desvío de recursos que supera los 103 millones de pesos, fondos que pertenecen a todos los chilenos y que, presuntamente, terminaron financiando intereses particulares y campañas políticas bajo el disfraz de asesorías parlamentarias inexistentes.

Lo más inquietante para la ciudadanía de Aysén no es solo la gravedad de los hechos, que incluyen la contratación de asesoras que, según la fiscalía, no realizaron estudios, minutas ni asesorías comunicacionales, sino el recoveco legal que hoy permite una suspensión del proceso contra el principal imputado. A pesar de que la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Coyhaique ya habían ratificado el desafuero de Calisto por sus actos como diputado, su reciente elección parlamentaria le ha otorgado, en la práctica, un "nuevo fuero", obligando a la justicia a considerar un nuevo trámite de antejuicio. Este escenario, calificado por el tribunal como "inédito", corre el riesgo de ser interpretado por la opinión pública como un escudo de impunidad que utiliza la investidura para dilatar la acción de la justicia.

La ética pública exige que quienes aspiran a representarnos sean los primeros en someterse al escrutinio judicial sin ambigüedades. No basta con declarar en cuñas de prensa que se es "el más interesado en que esto se resuelva"; es imperativo que las instituciones funcionen con celeridad y que los cargos públicos no operen como salvoconductos para eludir cargos de corrupción. La vigilancia ciudadana es la última frontera contra el abuso de poder. Hoy, Aysén debe permanecer más alerta que nunca, exigiendo que la justicia prevalezca por sobre cualquier privilegio parlamentario, pues aceptar la impunidad es renunciar a la salud de nuestra propia democracia.