La Universidad de Aysén ha tomado un nuevo aire tras finalizar su periodo de administración provisional en enero de 2026, exhibiendo cifras de precaria estabilización financiera que, para quienes poco saben de cifras y proyecciones, producen tranquilidad.

Sin embargo, la aparente normalización de la casa de estudios corre el riesgo de convertirse en una cómoda alfombra bajo la cual se pretende sepultar la memoria de los desfalcos estructurales previos a 2024. Sanar las deudas operativas es una obligación administrativa; garantizar la justicia ante la desviación de fondos públicos es un imperativo ético y legal que hoy transita por el camino de la omisión institucional. 

El prolongado e incómodo silencio que mantienen las actuales autoridades del plantel, el Ministerio de Educación (Mineduc) y el Ministerio Público respecto a las acciones judiciales de fondo resulta incomprensible. Es de público conocimiento que la crisis terminal que gatilló la intervención estatal no fue un mero azar financiero; la propia Superintendencia de Educación Superior (SES) detectó en su momento graves irregularidades en la gestión de recursos de proyectos que se desviaban para financiar sobredotación de personal, además de transferencias bajo sospecha a fundaciones en el marco del "Caso Convenios". 

A pesar de que los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía de Aysén, el avance hacia la determinación de responsabilidades penales de quienes administraron la universidad en los periodos previos a 2024 parece haber caído en un letargo conveniente.Esta pasividad del Ministerio Público deja en evidencia un sesgo preocupante: el organismo persecutor parece ensimismarse con determinados casos que causan mayor atención política y rédito mediático, dejando en un plano secundario aquellos que realmente revisten una gravedad económica devastadora para la región. 

Un ejemplo claro de esta asimetría de prioridades es el celo procesal desplegado en las querellas en contra del senador Calisto, donde se discuten asuntos de pequeña cuantía económica, en contraste con los miles de millones de pesos involucrados en el fraude de la Universidad de Aysén que hoy duermen en los cajones de la fiscalía. Mientras la justicia se mueve con agilidad cuando hay cámaras de televisión involucradas, el desfalco al patrimonio educacional de los ayseninos es tratado con una lentitud exasperante.¿Dónde están las querellas criminales que correspondía haber ejercido por la distracción de estos presupuestos públicos? La comunidad regional no merece comunicados alegres que solo miren hacia el futuro mientras el pasado reciente se tiñe de impunidad. 

Cerrar el capítulo de la crisis de la Universidad de Aysén sin perseguir judicialmente a los responsables de su debacle económica es validar la tesis de que los recursos del Estado se pueden dilapidar sin consecuencias. La probidad no se demuestra únicamente ordenando la casa para el presente; se ejerce con valentía exigiendo castigo para quienes la saquearon en el pasado. El silencio actual, lamentablemente, se empieza a parecer mucho a la complicidad.