El trabajo público-privado facilita el desarrollo regional

Hay una apreciación casi unánime en Aysén, y que da cuenta que se requiere un Estado más presente que entienda que en esta región la rentabilidad debe tener otro enfoque, y que la infraestructura habilitante que tanto necesitamos para generar desarrollo, no puede seguir esperando décadas y décadas para su ejecución. 

Con la lógica de derribar ese paradigma y tratar de avanzar más rápido, se crea la Política de Zonas Extremas, cuyos resultados deberían comenzar a apreciarse en los próximos 10 años. Porque nadie pone en duda que en Aysén se necesitan más y mejores caminos, logística, conectividad digital de mayor estándar, pavimentar idealmente toda la Carretera Austral y avanzar con pavimentos urbanos en las principales ciudades de la región, saneamiento sanitario, plantas de tratamiento de aguas servidas, electrificación y muchas otras necesidades que en la zona siguen perpetuando el subdesarrollo.

Por eso es que todos y todas, incluidos los medios de comunicación, debemos sumarnos a un gran objetivo regional que permita desarrollar efectivamente este territorio austral y dejar de ser una zona olvidada, rezagada y complicada para los gobiernos. Hemos señalado reiteradamente que la búsqueda de consensos es una acción que nos convoca sin exclusión ni sesgos y comenzar a construir una mejor región, es un propósito urgente que no tiene domicilio ideológico, al contrario, es una meta colectiva transversal y que trasciende a los gobiernos.

Lo relevante como comunidad es que siempre debemos asumir colectivamente nuevos desafíos, con las ganas de avanzar en aquellas áreas donde aún se advierten dificultades y con la convicción de que vienen mejores días en todos los ámbitos. 

Y no solo el gobierno y la clase política tienen la responsabilidad de trabajar para lograr una mejor región y más desarrollo. También hay una cuota relevante de responsabilidad en la labor legislativa y en el aporte que cada ciudadano y ciudadana pueden y deben hacer. 

Necesitamos una institucionalidad pública y una convicción del mundo privado que se pueda hacer cargo de las necesidades más urgentes, pero también de sostener los cambios que los ciudadanos/as demandan en todo ámbito. 

Porque más allá de cualquier duda, la colaboración público-privada es claramente una alianza fundamental para despegar, para reactivar y para asumir los nuevos desafíos con la fuerza y la convicción que un propósito como este requiere.