Columnista, Colaborador 
La Ley N° 21.057, que regula las entrevistas investigativas videograbadas (EIVG) de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de delitos sexuales o violentos, es una de las reformas más significativas de los últimos años dentro del sistema penal en nuestro país.
En este marco, la reciente inauguración de una nueva Sala de Entrevistas Investigativas Videograbadas en el Complejo Policial de Coyhaique, por parte de la Policía de Investigaciones, es una noticia positiva para nuestra región.
Esta moderna infraestructura se suma a la sala que desde el año 2018 ya funciona en la Fiscalía Regional de Aysén y también a otras habilitadas en las Fiscalías de Cisnes, Puerto Aysén, Chile Chico y Cochrane, posicionando a nuestra región como una de las pioneras en el cumplimiento efectivo de esta ley, la cual comenzó oficialmente en octubre del año 2019 en algunas regiones de Chile.
Hoy en nuestra región existen un total de 11 entrevistadores acreditados, quienes pueden participar del proceso de entrevista investigativa videograbada, con el propósito de promover una justicia más humana y empática. Entre los entrevistadores tenemos fiscales, abogados asistentes y funcionarios especializados de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos URAVIT, quienes también comparten su conocimiento con otros profesionales, a fin de promover la mejora continua entre todos los intervinientes del sistema.
La entrada en vigencia de la Ley 21.057 no significó solamente la incorporación de nueva infraestructura o procedimientos. Supuso, por, sobre todo, un cambio cultural profundo en la manera en que el sistema penal se relaciona con niños, niñas y adolescentes que han vivido experiencias traumáticas.
Antes de esta ley era común que una víctima menor de edad tuviera que relatar su experiencia dolorosa una y otra vez, frente a diferentes actores del sistema penal, reviviendo su trauma. Esta práctica generaba lo que se conoce como victimización secundaria, es decir, que el propio proceso judicial terminaba afectando aún más a quien ya había sido vulnerado.
La ley 21.057 vino a romper con esta forma de abordar el proceso investigativo, porque establece que la entrevista investigativa videograbada debe realizarse una sola vez, en un entorno especialmente acondicionado y por un entrevistador capacitado y acreditado.
El testimonio, registrado en video, tiene valor probatorio y puede ser utilizado a lo largo del proceso, dando prioridad al principio de interés superior del niño, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño, a la cual Chile adscribe desde hace décadas.
La reciente apertura de la sala en dependencias de la Policía de Investigaciones -sumada a las ya existentes en cada Fiscalía Local- viene a reforzar esta política pública, ampliando las capacidades institucionales y asegurando que cada víctima de un delito pueda ser escuchada en condiciones adecuadas.
No se trata solo de tecnología o de recursos humanos especializados. Se trata de reconocer que debemos escuchar a la infancia con respeto, empatía y con un urgente sentido de protección.
Por supuesto, aún queda camino por avanzar. La implementación de esta ley requiere no solo salas especiales, sino también la formación continua de las y los entrevistadores y una permanente coordinación interinstitucional para un diálogo abierto que nos brinde oportunidades de mejora. Para todo lo anterior, la Fiscalía siempre ha estado y estará disponible, en beneficio de quienes sufren las consecuencias del delito.
