

El día 17 comenzó a pagarse a las y los docentes de más edad la llamada "Deuda Histórica". El término correcto es "Reparación", porque la deuda real es impagable, los cálculos más conservadores la sitúan en 80 millones por docente, otros cálculos la ubican en 120 millones.
Lo que se está depositando como primera cuota es $2.250.000 ahora y en enero de 2026 se cancelará otra cuota igual. Por lo tanto el total equivale a 4 millones y medio que recibirán alrededor de 15.500 docentes de entre 80 y 104 años de edad.
Es una cifra muy alejada de la real deuda y, a pesar de ello, hay felicidad al recibirla. Porque no se trata sólo de lo económico, lo importante es que el Estado reconoce públicamente esta deuda con los profesores de Chile, aunque se haya tardado 43 años en admitir la justeza de esta demanda y se hayan sucedido 7 gobiernos post dictadura, que mucho prometieron pero no cumplieron.
No es una compensación ideal, pero al concretarse este pago se marca un punto de inflexión, ya que implícitamente se reconoce que era una deuda moral que afectaba la dignidad del trabajo docente. Se sucedieron décadas de movilizaciones de los afectados y, lamentablemente, muchos de ellos murieron sin ver el desenlace de sus demandas. Son más de 20 mil los profesores fallecidos antes de la promulgación de esta Ley y eso implica que para sus herederos no es traspasable. Distinto es para los que ahora esperan la reparación, pues en caso de fallecimiento antes de su cobro, se traspasa a sus legítimos herederos.
Todavía hoy existe confusión sobre el origen de esta deuda y en resumidas palabras se puede decir que se debió al traspaso de los establecimientos educacionales desde el Ministerio de Educación a los municipios, mediante el Decreto Ley 3.551 de 1981, lo que despojó a los profesores de derechos salariales adquiridos y que los municipios no reconocieron y se negaron a pagar. Eso provocó un gran perjuicio económico a los profesores, a sus familias y al conjunto de la sociedad.
Por eso, junto con luchar por el pago de la deuda los docentes han insistido en la necesidad de fortalecer la educación pública, aquella que deliberadamente la dictadura quiso destruir. En alguna medida lo logró, pero aún es tiempo de reflexionar sobre la trascendencia de una educación que garantiza igualdad de oportunidades, promueve la diversidad, forma en valores esenciales para la convivencia, entre otras bondades.
Otra deuda es con las condiciones laborales de los docentes, las que deben ser dignas, permitiendo restituir al profesor el lugar trascendental que le corresponde como constructor de comunidades y sociedades armoniosas y democráticas.