Estaba pasando inadvertido en nuestra lejana Región de Aysén el caso del ex vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano, Gianni Rivera, otrora gobernador de Marga Marga (cuando los nombraban a dedo y sin importar el currículum), y renombrado asesor parlamentario que hoy será formalizado por el delito de estafa reiterada y es investigado de abuso sexual. La denuncia fue presentada por su ex asesor Franco Burgos.

A pesar de los bullados casos Penta, Soquimich, y otros; a pesar de las clases de ética y otros "castigos ejemplares" el recientemente removido vicepresidente de la DC está acusado de la emisión de boletas falsas por casi 35 millones de pesos. Además, es investigado por abusar sexualmente de su ex mano derecha. Las acusaciones van, según relata la víctima, desde obligarla a presenciar actos sexuales hasta un momento en que "me agarra mis partes íntimas e intenta darme un beso en el cuello".

¿Y qué tiene que ver Aysén? Hasta hace no mucho tiempo Rivera era asesor parlamentario del diputado Miguel Ángel Calisto, quien, consultado por Diario El Divisadero, primero dijo que "hace 4 meses que no trabaja conmigo", pero luego confirmó que fue finiquitado el 28 de marzo pasado y que primó la pérdida de confianza: "Lo despedí por mal uso de mi nombre". Y añade que estudia eventuales acciones legales contra Gianni Rivera.

Pero en la ex tienda de Calisto, la DC, cuando mencionan a Gianni Rivera muchos prefieren no opinar, y otros recurren a la palabra "turbio" para resumir su faceta más conocida.

Al ser consultado sobre el tipo de asesorías que le prestaba el operador político, Calisto responde que "no era una pega concreta, con informe o con documentos, más bien de asesorías". Se desprende que se trata de una figura influyente. En el Congreso, Rivera es conocido por "abrir puertas" y por tener un vínculo fluido con el actual Gobierno, lo que favorece las negociaciones parlamentarias. Llama mucho la atención que solo recibiera por su trabajo $489.063 de sueldo, al lado de otros asesores que ganan 2, 3, 4 y hasta más de 10 millones de pesos, como ese el caso de Emilio Pinochet que percibe $10.182.353. Para ser justos, entre los asesores de Calisto el que más gana recibe $3.521.251, el ex consejero regional, Felipe Klein.

En sendos reportajes de The Clinic y otros medios, Franco Burgos asegura que Gianni Rivera le pidió su clave del Servicio de Impuestos Internos para hacer "unas boletitas" falsas e instaló un modus operandi que se extendió en el tiempo. Burgos dice que de todo lo defraudado, $35 millones, solo recibió $750.000.

Ya enterado de los detalles, el diputado por Aysén, Miguel Ángel Calisto, manifestó que "yo no veo ninguna situación que me complique, nuestra relación siempre fue profesional y nunca tuve información, nunca supe nada de esto. Tampoco en la DC escuché nada de él sobre esta materia".

Ingeniero comercial de profesión, Gianni Rivera ha operado políticamente en cargos y asesorías desde 2014 cuando fue nombrado gobernador de Marga Marga.

Otras causas contra Rivera

Pero no es primera vez que el ex vicepresidente demócrata cristiano, Gianni Rivera, es acusado de actos delictivos. Cuando se desempeñaba como directivo de la Corporación de Turismo Regional, el gobernador de Valparaíso Rodrigo Mundaca, lo denunció por presuntamente haber solicitado un "incentivo" para financiar el ATP Challenger de Viña del Mar. La Fiscalía abrió una investigación. Turbio.

Diario El Divisadero consultó al diputado Calisto sobre esta denuncia de 2023. Sin embargo, dijo desconocerla.

No deja de ser un poco irrisorio que el valor de una asesoría sea más bajo que el sueldo mínimo. También es elocuente que los parlamentarios que legislan para aumentar cada año el salario básico, contraten a asesores por menos de ese monto.

El Congreso Nacional, además de detentar el poder legislativo, posee un régimen interno con flexibilidades que ningún otro poder del Estado podría exhibir.

La laxitud del sistema de control interno ya había quedado en evidencia cuando un reportaje de CiperChile en 2022 denunció que familiares de parlamentarios costeaban la bencina de sus vehículos con fondos públicos.

En otros casos, vemos oficinas parlamentarias que se arriendan con nuestras contribuciones y que pasan más de la mitad del año desocupadas, sirviendo exclusivamente como vitrinas de una permanente campaña de nuestro representante.

Las siempre absurdas sanciones de la Comisión de Ética no ayudan en nada. Respecto de los operadores políticos, esos personajes que "abren puertas" y que a veces terminan siendo una piedra en el zapato, tenemos ejemplos locales. La Contraloría está exigiendo a la Municipalidad de Coyhaique que imponga sanciones justamente a un conocido operador de la plaza por recibir regalos de privados, cuestión terminantemente prohibida para los funcionarios y funcionarias públicos.

Como ciudadanos y ciudadanas, en un año electoral, es fundamental que tanto los medios de comunicación como la ciudadanía fiscalice cada peso público que se gasta, en especial la Cámara de Diputados, espacio semi sagrado que cuenta con prebendas únicas en el modelo.

En 2022 el diputado independiente Pedro Velásquez recibió una indemnización de más de 11 millones de pesos tras abandonar su cargo congresal. Esto, dado que había trabajado anteriormente como funcionario público y la ley dejaba ese espacio permisivo. Qué decir del fuero parlamentario que está ahí para uso y abuso para decir muchas veces las barbaridades más increíbles sin ningún castigo. 

Sobran ejemplos que ilustran cómo el parlamento se ha hecho parte de la injusticia redistributiva, y termina siendo cómplice del problema y no de la ley que lo soluciona. Un único ejemplo: un trabajador o trabajadora que durante 40 años ganó el sueldo mínimo o un poco más, recibirá una pensión miserable, muchas veces menos de la mitad del sueldo mínimo. A un parlamentario le bastan tres períodos para acceder a una pensión que superará fácilmente el millón de pesos. ¿Quiénes son entonces la prioridad del Parlamento?