Señor director:

La reciente condena a tres imputados por explotación sexual infantil en Coyhaique constituye un hecho de gran importancia y una señal de esperanza: se trata del primer juicio oral por este delito desarrollado en la Región de Aysén. Es una señal relevante para la comunidad local y para todos quienes, desde distintos espacios, trabajan para erradicar la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (ESNNA) en Chile.

Que estos casos avancen, se visibilicen y sean sancionados es fundamental. Pero precisamente por su gravedad, este avance debe empujarnos a hacer más y mejor.

La explotación sexual es un fenómeno diverso que requiere la articulación de distintas instituciones y personas destinadas a la detección, superación y sanción de este grave delito.

Las secuelas que deja, especialmente en contextos asociados al consumo y tráfico de drogas, son profundas y persistentes. Por ello, la persecución penal debe ser decidida e integral, abordando no solo la explotación sexual, sino también delitos asociados como el tráfico de drogas, el uso de armas o la producción y almacenamiento de material pornográfico. La ESNNA sigue siendo, en gran medida, un fenómeno oculto, donde niños, niñas y adolescentes son captados y explotados en contextos de vulnerabilidad, marcados por trayectorias de desprotección, violencia y experiencias de alto dolor y trauma.

Desde Fundación Ciudad del Niño, esta realidad se aborda a través de la ejecución de Programas Especializados en Explotación Sexual (PEE), orientados no solo a la reparación del daño, sino también a interrumpir ciclos de vulneración y prevenir nuevas transgresiones. Hoy, la Región de Aysén no cuenta con programas PEE de ningún organismo colaborador; en nuestro caso, en el sur del país, contamos con programas en Osorno y Puerto Montt, donde se derivan casos de otras regiones. Esta brecha da cuenta de la necesidad urgente de fortalecer la cobertura y la presencia territorial de estas intervenciones.

Esta noticia debe ser leída, entonces, como un avance que interpela. Personas, establecimientos educacionales, centros de salud y organizaciones comunitarias están llamados a informarse, reconocer señales y actuar. La explotación sexual infantil no se enfrenta solo desde los tribunales, sino desde una sociedad que decide involucrarse activamente en la protección de sus niños, niñas y adolescentes.

Si hay un punto de partida, es este: "conocer para proteger", como una responsabilidad compartida y urgente.