El Seremi de Vivienda, Fabián Rojas, confirmó que hay dos terrenos que se compraron con sobreprecios a nivel regional, según un informe emanado desde Contraloría.

De acuerdo al órgano contralor, en todo el país se detectaron 25 casos de irregularidades en los procesos de tasación entre los años 2022 y 2024, lo que derivó en que Ministerio de Vivienda abriera una investigación interna que ya tiene a un funcionario suspendido de sus funciones.

A nivel regional, Rojas señaló que "como es una etapa indagatoria y se están haciendo las gestiones pertinentes respecto a determinar estas responsabilidades, podemos decir que, de acuerdo a ese informe de Contraloría, sí existirían dos casos en la región de Aysén, en (las comunas de) Coyhaique y Aysén".

Como el tema aún está en período de investigación y sumario interno, el Seremi indicó que "hay que determinar, en relación al informe, cuáles son las responsabilidades que pueden haber respecto de esto". 

Sin embargo, descartó que esto afecte a los proyectos que están en ejecución en ambas comunas. "Eso no significa la paralización de la construcción de los conjuntos habitacionales que están relacionados", aseveró en conversación con El Divisadero.

Mayor fiscalización

Del mismo modo, Fabián Rojas comentó los alcances de los anuncios efectuados por la cartera a nivel central en relación al aumento de fiscalización de casos de viviendas sociales que no están siendo utilizadas por sus beneficiarios.

"El beneficio social debe ser ocupado por quien realmente lo necesita. Y hemos visto, y nos han llegado múltiples denuncias en distintas comunas, sobre la ocupación de estos inmuebles que tienen una característica social, que son entregados a personas que tienen necesidades habitacionales y que se están ocupando como segunda vivienda, como arriendo para terceras personas o, incluso, con un fin comercial y no propiamente habitacional", indicó.

El Seremi de Vivienda reconoció que "detectamos una brecha en materia de fiscalización, hay un equipo que es reducido y la idea es que este tipo se fortalezca, se arme un equipo multidisciplinario, abogados principalmente, que permitan hacer seguimiento a aquellas decisiones que tomemos en todos aquellos en que se determine la mala utilización de los beneficios sociales y que puede llevar, consecuencialmente dentro de las atribuciones que tiene este ministerio, incluso a la restitución de la vivienda en favor del Estado y ser reasignadas a personas que tengan necesidad de una vivienda social".