Columnista, Colaborador 
La reciente resolución del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia (28 de octubre 2025) que acogió la reclamación de Cooke Aquaculture Chile Ltda., contra la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), por la medida provisional de detención parcial de siembra en el centro de engorda Huillines 3, ubicado dentro de las Areas Aptas para la Acuicultura (AAA, decretadas por el Estado de Chile) en el fiordo Cupquelán, no solo marca un precedente jurídico: también deja al descubierto una crisis de coordinación entre los órganos del Estado encargados de regular la acuicultura.
Mientras organismos como Sernapesca y Subpesca aprueban planes de producción y autorizan siembra bajo las reglas del Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA), la SMA puede paralizar esas mismas operaciones alegando un riesgo ambiental "inminente".
El problema no es el control ?necesario en toda actividad productiva?, sino la falta de coherencia técnica y jurídica entre los organismos públicos. En este caso, el Tribunal determinó que la medida de la SMA carecía de fundamentos técnicos suficientes, pues no se acreditó el riesgo con datos actualizados ni con informes propios.
La empresa, por el contrario, acompañó Informes Ambientales (INFA) elaborados en 2014, 2016, 2019 y 2023 por entidades especializadas, validados por Sernapesca y con resultados que no mostraban condiciones anaerobias ni impactos fuera de norma. La SMA, sin embargo, no presentó evidencia que contradijera esos resultados.
En términos simples, se paralizó una actividad autorizada sin pruebas ambientales concluyentes. Y eso genera un problema mayor: incertidumbre jurídica y económica para toda la cadena productiva.
La detención de dos ciclos productivos en centros como Huillines 3 y Huillines 2 tiene impactos que van mucho más allá de la empresa titular.
En regiones como Aysén, donde la acuicultura sostiene buena parte del PIB regional (cerca del 30%), la detención de operación de centros implica lucro cesante y pérdida de trabajo no solo para la empresa titular, sino también para decenas de prestadores de servicios: transporte marítimo, monitoreo ambiental, buceo, robótica submarina, armado y desarme de centros, mantención, gestión de residuos, entre otros. Cada vez que un centro deja de operar, se detiene un ecosistema completo de pequeñas y medianas empresas locales ?como las que representamos en AgrupAysén?. Por eso, cuando las decisiones regulatorias se toman sin coordinación ni evidencia sólida, el costo lo terminan pagando las comunidades locales y los prestadores de servicios.
El caso Huillines 3 revela la necesidad urgente de establecer protocolos interinstitucionales claros entre Sernapesca, Subpesca y la SMA, para evitar decisiones contradictorias dentro del propio Estado.
El desarrollo sostenible no se construye con parálisis, sino con reglas claras, previsibles y basadas en información de calidad.
Desde Aysén, vemos con preocupación cómo estas contradicciones afectan la confianza en la institucionalidad y en la viabilidad de seguir desarrollando servicios locales, porque sin coherencia institucional el desarrollo regional sustentable no será posible.
