Este jueves el Juzgado de Garantía de Cochrane resolvió mantener suspendido el traslado de 16 internos del Centro de Detención Preventiva de Cochrane hacia el penal de Chile Chico, encargando una serie de diligencias y antecedentes a distintos organismos públicos.

Entre los antecedentes solicitados, encargó a la Municipalidad de Cochrane que realice evaluaciones sociales de las personas privadas de libertad, considerando sus vínculos familiares, territoriales y las actividades remuneradas que desarrollan. Asimismo, solicitó antecedentes sobre eventuales alternativas de apoyo para mejorar las instalaciones del recinto.

Al respecto, el alcalde Cochrane, Patricio Ulloa, manifestó su disposición a colaboras señalando que "vamos a esperar los procedimientos formales y los antecedentes que sean remitidos oficialmente al municipio. De todas maneras, es un tema que debemos abordar responsablemente desde nuestras competencias, tanto con nuestro equipo social, para analizar los antecedentes relacionados con el arraigo y las redes familiares y territoriales, como también con el área municipal correspondiente en materia de infraestructura".

"Hay que evaluar técnicamente qué posibilidades existen y cuáles son las vías correspondientes para poder responder a lo que eventualmente se nos solicita. Nuestro compromiso es estar disponibles para colaborar, dentro de nuestras atribuciones y posibilidades, y especialmente mantener una coordinación adecuada con las familias y las instituciones involucradas", agregó el edil.

Familiares no pierden el foco

Sara Soto, vocera de los familiares afectados por el eventual traslado de internos hacia Chile Chico, reconoció que con esta decisión "empezamos como de cero de nuevo, pero totalmente como corresponde. Primero hay que hacer todas las averiguaciones, juntar antecedentes, ver todo para empezar de cero. Lo anterior fue a la rápida y de golpe. Ahora no, porque hay que empezar a buscar antecedentes y seguir un juicio como corresponde".

La dirigenta asegura que, como familiares, no pierden el rumbo de lo que esperan de toda estas diligencias, pues recalca que "a lo que vamos enfocados directamente es a que no cierren el centro penitenciario. Ahora, como el juicio se empezó por los traslados, todavía existe el recurso de amparo de ellos que no se pueden mover hasta que se solucione este tema. Pero en general nosotros vamos enfocados a que no se cierre el centro penitenciario".

Desde que se inició todo este proceso, en junio pasado, Sara Soto lamenta que no ha habido ningún diálogo con la Dirección Regional de Gendarmería. "Nunca lo hemos tenido", aclara.

Sí valora que han contado con el respaldo de la Municipalidad de Cochrane que ahora deberá realizar un informe social de los internos y su entorno familiar. "El alcalde (Patricio Ulloa) desde el día uno nos ha apoyado siempre. Él ha asistido a todas las audiencias, nos ha acompañado a todos lados, él siempre anda con nosotros. Y hoy día él asistió igual. Y sí, él tiene toda la disposición del mundo. Y los antecedentes que le pidieron, sí, pues corresponde pedirlos y él los va a hacer".

Desde el Juzgado de Garantía también solicitaron que el Gobierno Regional se pronuncie sobre las posibles alternativas de financiamiento existentes para realizar mejoras al CDP de Cochrane. 

En ese sentido, la vocera de los familiares afectados recuerda que "ya tuvimos una reunión con el Gobierno Regional y ellos tienen toda la disposición de los recursos para, así sea como para reparar la cárcel o para hacer una nueva. El tema es que esos recursos tiene que solicitarlos Gendarmería".