Un operativo policial desarrollado este jueves en conjunto por la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente y la PDI allanó la oficina del senador Miguel Calisto Águila en el marco de la investigación de presuntos delitos de corrupción en el caso de Junaeb, que busca esclarecer eventuales irregularidades en la licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la región de O'Higgins que se adjudicó a la empresa Soser S.A.

Respecto de las diligencias, el director de Junaeb, Fernando Peña, explicó que se investigan en detalle los antecedentes del trato entre la institución y Soser S.A., relacionadas a sobreprecios y la no entrega de servicios desde 2018 a la fecha. "Esto se enmarca dentro de una denuncia que nosotros hicimos hace un par de meses, en el marco del plan de auditoría total del Gobierno. Nosotros hicimos una denuncia apuntando específicamente a una situación en la Región de O'Higgins con la empresa Soser", detalló.

Peña agregó que "de lo que pudimos acceder de la orden judicial, es que las personas que nosotros señalamos justamente en esa denuncia están hoy día siendo investigadas. Lo nuevo, que también es un dato preocupante, es la situación con parlamentarios, congresistas, que abre una línea de investigación nueva de lo que vimos en la orden judicial por los delitos de coima y sobornos", indicó.

Además de la entrada y registro a la oficina parlamentaria de Calisto en Valparaíso, también se allanaron las oficinas del senador Sergio Gahona (UDI) y la Dirección Nacional de Junaeb en el centro de Santiago desde donde se incautaron equipos electrónicos y documentación.

Presunta participación de Calisto

De acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío, el senador Miguel Calisto aparece individualizado como imputado en la investigación. Sin embargo, la Fiscalía aún no ha precisado el rol que tendría el parlamentario en esta eventual red delictiva, en la que sí se habla de presuntos sobornos, coimas, entrega de información reservada, presiones para adjudicar contratos e, incluso, influencia para remover a fiscalizadores de sus cargos.

Otra arista de la investigación también busca esclarecer la eventual existencia de delitos contra la salud pública y lavado de activos en la trama general del caso.

Según los antecedentes del citado medio, el cuarto juzgado de Garantía de Santiago autorizó que se investigaran correos institucionales, registros de llamadas, movimientos bancarios y equipos electrónicos de los dos senadores involucrados, con el objetivo de determinar su existió algún tipo de comunicación vinculada con la entrega de información reservada hacia la empresa Soser S.A. o algún tipo de "gestión" a su favor.

La investigación del Ministerio Público contra la empresa Soser S.A. apunta también a la entrega de información y certificados falsos para justificar el pago de un número mayor de raciones a las efectivamente entregadas a los alumnos del PAE, así como la potencial entrega indebida de excedentes y otros beneficios a directores de establecimientos y encargados de dicho programa y la distribución de alimentos contaminados.