En una excelente columna publicada en este diario, se nos recuerda que el cuidado de la naturaleza no es una declaración de buenas intenciones, sino una responsabilidad colectiva. Los incendios forestales y las conductas contrarias a las normas que regulan la pesca recreativa se ponen como ejemplos de cómo una acción irresponsable puede comprometer bienes comunes.

No sé si a estas alturas necesitamos que se explique la importancia de nuestros bosques, aguas o de la biodiversidad que aún conservan. Lo sabemos, y precisamente por ello nos preguntamos qué estamos haciendo para protegerlos.

Porque una cosa es el diagnóstico, otra distinta es la respuesta. Cuando se advierte sobre los riesgos del fuego, no basta con comunicar las restricciones ni con reiterar que una fogata, una colilla de cigarrillo o una quema mal ejecutada pueden desencadenar una catástrofe. 

Tampoco respetar las vedas, las cuotas de captura y las modalidades autorizadas puede quedar entregado a la buena voluntad de cada pescador. Una norma que nadie verifica corre el riesgo de convertirse en una recomendación; una prohibición sin control efectivo termina siendo, para algunos, una invitación a incumplirla.

Así, aparece como esencial la fiscalización. Una actividad necesaria para que la justicia pueda actuar. Si no existen controles suficientes, si las infracciones no se detectan, la respuesta judicial queda debilitada desde su origen.

Aysén tiene particularidades geográficas que hacen difícil esta tarea. La extensión del territorio plantea exigencias que no se resuelven únicamente con campañas informativas. Se necesita coordinación intersectorial, recursos humanos y materiales suficientes, criterios claros de actuación en una política pública sostenida.

La educación ambiental es indispensable. También lo es la responsabilidad individual. Pero sería ingenuo suponer que ambas bastan por sí solas. Las sociedades establecen normas precisamente porque reconocen que el interés colectivo no siempre prevalece frente a la conveniencia particular.

Proteger nuestros bosques no consiste solamente en lamentar las hectáreas consumidas por el fuego. Proteger nuestros ríos no significa únicamente celebrar su belleza. Y defender la pesca recreativa no se agota en promoverla como atractivo turístico. 

La columna citada nos entrega un diagnóstico necesario. Y permite preguntarse acto seguido, ¿qué viene? ¿qué medidas se adoptarán para fortalecer la fiscalización? ¿Con qué recursos se contará? ¿cómo se coordinarán los organismos responsables y qué mecanismos permitirán evaluar los resultados? 

No basta con reconocer el valor de nuestro patrimonio. Tampoco basta con declarar que debemos protegerlo para las futuras generaciones. Entre el reconocimiento del problema y su solución existe una tarea que no admite atajos, como es hacer cumplir las normas.