La Fiscalía Regional de Aysén presentó formalmente un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique, con el objetivo de revertir la resolución del Juzgado de Garantía local dictada el pasado 14 de enero. Dicha resolución suspendió el procedimiento penal seguido contra el diputado Miguel Ángel Calisto Águila, quien enfrenta cargos por su presunta participación en delitos reiterados de fraude al Fisco cometidos entre los años 2018 y 2022. La formalización de la investigación, que también involucra a otros tres imputados, se llevó a cabo el miércoles 14 de enero en la capital regional.

El fundamento principal del ente persecutor para impugnar esta decisión, radica en que el parlamentario ya fue desaforado, según lo resuelto el 14 de noviembre de 2025 por la Excelentísima Corte Suprema. Dicho fallo ratificó la sentencia previa del 4 de agosto de ese mismo año, emitida por la Corte de Apelaciones de Coyhaique. En este sentido, la Fiscalía sostiene que, a su juicio, no existe ninguna disposición legal que permita al Tribunal de Garantía decretar la suspensión del proceso en esta etapa y bajo las condiciones actuales de la causa.

Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público comunicó los cargos no solo al diputado Calisto, sino también a los imputados Carla Nicole Graff Toledo, Roland Andrés Cárcamo Catalán y Felipe Ignacio Klein Vidal. La investigación se centra en diversos hechos constitutivos de presunto fraude al Fisco de carácter reiterado, ilícito que se encuentra previsto y sancionado en el artículo 239, inciso 3°, del Código Penal. Con la apelación ya en curso, corresponderá ahora a la Corte de Apelaciones de Coyhaique revisar los antecedentes presentados para determinar si confirma o revoca la suspensión, permitiendo así la continuidad del procedimiento judicial contra el legislador.

El desarrollo de esta causa ha contado con el trabajo coordinado de diversas instituciones especializadas. Las diligencias investigativas han sido apoyadas por la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC) de la Policía de Investigaciones de Chile y la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) de la Fiscalía Nacional. Este proceso busca esclarecer las responsabilidades en torno a las irregularidades detectadas en el manejo de fondos públicos durante el periodo mencionado.