La delincuencia y todos sus efectos negativos son siempre un factor de preocupación en nuestra sociedad. Y por lo mismo, enfrentar el aumento de los delitos requiere fortalecer la persecución penal en nuestro país. Es por eso que la ley 21.812 o de Fortalecimiento del Ministerio Público, es una respuesta tangible del Estado a los desafíos que implica combatir la delincuencia en nuestro país.

Por cierto, tenemos muchas expectativas en que esta ley nos permita alcanzar mejores estándares de servicio y apoyo a quienes finalmente sufren las consecuencias de los delitos que ocurren en nuestra comunidad. La idea es hacer más y de mejor calidad con los nuevos recursos que estamos recibiendo. 

Publicada a comienzos de abril de este año, lo que hará esta normativa es aumentar la dotación de la Fiscalía en el país en 205 fiscales y 819 funcionarios y funcionarias. Todo esto, como parte de un proceso gradual de implementación que abarcará cuatro años. 

Gracias a esta nueva ley, por ejemplo, el Ministerio Público podrá aumentar la cantidad de funcionarios a nivel país e incluso regionalmente, con lo cual podremos dar una mejor respuesta a diversos fenómenos delictivos que nos aquejan. Como Ministerio Público entendemos que todo se puede hacer mejor, más aún en nuestra función de servicio a la comunidad. 

En concreto, vamos a poder enfrentar el crimen organizado y los delitos de alta complejidad con una mayor eficiencia y eficacia, sumado a la necesidad permanente de perfeccionar la atención y la protección de víctimas y testigos de delitos. Y en este último punto, nuestro compromiso regional es entregar la mejor atención que sea posible porque entendemos que un delito genera diversos efectos colaterales.    

A modo de detalle, este aumento en la dotación fortalecerá la investigación de los delitos en flagrancia y los equipos especializados de análisis criminal. También facilitará una persecución más estratégica de mercados ilícitos y bandas, sumado a reducir la sobrecarga de trabajo en las Fiscalías Locales, unidades operativas donde se tramitan las denuncias de delitos en nuestro país.  

Asimismo, con la ley 21.812 se crean nuevas estructuras al interior del Ministerio Público como el Sistema de Supervisión de la persecución penal y la Unidad de Integridad y Probidad Interna, además de una Unidad de Formación y Capacitación.

Sin duda, se trata de un gran avance no solo para la institución encargada de dirigir la investigación de los delitos sino también para nuestro país, donde se requiere dar mejores respuestas a la ciudadanía en el combate a la criminalidad.    

Sabemos que un gran porcentaje de la población aspira a tener paz social en cada uno de los sectores donde vive.  Y en ese sentido, esta ley de Fortalecimiento del Ministerio Público viene a cubrir una necesidad de relevancia porque la tramitación y resolución de las denuncias de delitos es un aspecto de gran interés e impacto para todas y todos.