Esta semana escuchamos las declaraciones del ministro de Vivienda, cito textual: "¿Usted piensa que 8 años le parece decente? ¿Con la locura que dice este senador? ¿Con la Ley de humedales?". Estos dichos, sumados a menciones del Presidente, revisten especial relevancia ante uno de los mayores desafíos socioambientales urbanos en Chile, el acceso a la vivienda y la gestión de los humedales urbanos. Esta columna busca aportar una perspectiva amplia para avanzar hacia soluciones concretas.

La Ley 21.202 de humedales urbanos, promulgada bajo el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, introdujo este concepto en nuestra legislación debido a la gran relevancia de estos ecosistemas como áreas verdes, espacios de recreación, control de inundaciones y mitigación del cambio climático. Su implementación ha sido un desafío para el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, dada la alta judicialización en tribunales ambientales y la disparidad de criterios en sus fallos. Al ubicarse dentro del radio urbano, se genera un conflicto directo con el déficit habitacional cercano a las 500.000 viviendas. Esto, sumado al alza en el valor del suelo, presiona tanto a las familias como al Ejecutivo y sus ministerios.

El problema de construir en terrenos con características de humedal es la necesidad de invertir gran parte del presupuesto en mejorar cimientos, lo que impacta directamente en la calidad de la vivienda. Si no se realizan las obras adecuadas, ocurren situaciones lamentables como las del cementerio de Puerto Aysén, donde las familias sufrieron la inundación de los nichos de sus difuntos, afectando la dignidad humana. La naturaleza tiene memoria: los terrenos intervenidos suelen sufrir los impactos de eventos climáticos extremos, ya que los humedales cumplen una función de mitigación fundamental ante lluvias intensas. Sin embargo, cabe preguntar: ¿Qué hacemos con las miles de familias que buscan una vivienda digna? Planteo aquí alternativas de corto y mediano plazo.

En el corto plazo, es necesario que el Estado identifique bienes propios para reconvertir terrenos aptos. El Ministerio de Vivienda y el de Bienes Nacionales deben profundizar en este análisis. En Puerto Aysén, por ejemplo, el regimiento y el aeródromo tienen condiciones ideales para uso habitacional, lo que mejoraría la calidad de vida local. ¿Por qué no conversar con los ministerios correspondientes y evaluar reubicar estas instalaciones? Además, debemos problematizar la subutilización de la vivienda social. Existe evidencia de casas sin uso; se debe aumentar la fiscalización y redestinar esas viviendas a quienes realmente las necesitan.

A mediano plazo, hay dos caminos relevantes. Primero, avanzar en un catastro nacional detallado de humedales, financiado por el gobierno central para todas las regiones. La ciencia debe analizar los polígonos actuales y actualizar la información ante el Ministerio del Medio Ambiente, definiendo si algún terreno perdió realmente sus características de humedal para ser destinado a la construcción segura de viviendas. Segundo, volver a legislar sobre esta materia. Cuando la conflictividad aumenta, el poder legislativo debe discutir mejoras que permitan una convivencia democrática entre los territorios y la normativa.

Siempre con respeto: no podemos permitir que un ministro insulte o denoste a un senador. La etapa de campaña terminó; hoy tienen la tarea de gobernar para todos mediante el diálogo. Debemos trabajar en soluciones para las familias que anhelan la casa propia, asegurando que los humedales sean valorados por los servicios ecosistémicos que prestan a la ciudad.