En Aysén cumplimos la ley. Al menos eso dicen los números: la región supera en un 110% la cuota de inclusión laboral exigida por la Ley 21.015/21.690. Un dato que suena, a primera vista, como un logro administrativo ejemplar. Pero los datos rara vez cuentan historias sencillas, y este esconde más de lo que revela.

Ese 110% se calcula sobre un universo extremadamente acotado: empresas con cien o más trabajadores, obligadas a reservar el 1% de su planta para personas con discapacidad. En Aysén, esas empresas son apenas 36 según el SII. El tejido productivo regional —microempresas de turismo, comercio y servicios locales— queda, por diseño legal, completamente fuera del mandato. El cumplimiento exitoso se construye sobre un denominador diminuto, y celebrarlo sin advertir ese detalle es, en el mejor de los casos, un error de lectura.

¿Cuántas personas con discapacidad están efectivamente empleadas bajo esta normativa? En marzo de 2026, 371. Contrastada con la población adulta regional con discapacidad disponible para trabajar, esa cifra representa un 4,2%. La ley alcanza, en la práctica, a una franja marginal del fenómeno que pretende resolver. El 95,8% restante permanece fuera del radar: en oficios, trabajo agrícola, empleo informal o en establecimientos que jamás alcanzarán el umbral legal.

Y luego está el dato que nadie esperaba, pero que no es nuevo: en Aysén, las mujeres trabajadoras con discapacidad ganan un 4,9% más que sus pares hombres. Es la única región del país donde esto ocurre; el promedio nacional es 0,94, siempre adverso a las mujeres. Aquí el índice es 1,05.

¿Motivo de celebración? No tan rápido. Una brecha invertida en 371 personas, en un mercado concentrado en pocas grandes empresas —acuícolas y sector público—, puede reflejar segregación ocupacional o el peso estadístico de unos pocos contratos bien remunerados. Sin análisis cualitativo, el número no explica nada; solo incomoda. Y eso debería ser razón suficiente para preguntar qué hay detrás.

Una ley que no alcanza al 95% de quienes debería incluir, no describe un fracaso local: describe una pregunta abierta sobre los supuestos con que fue diseñada y sobre la distancia entre lo que el Estado mide y lo que ocurre en los territorios.

Estas reflexiones son parte de los avances de una investigación doctoral en Trabajo Social dedicada a analizar los imaginarios sociales sobre la inclusión y los (des)acoples entre la política pública y los territorios australes.