El encuentro duró pocos minutos, pero su impacto fue inmediato. El Suboficial Álex Torres Soto patrullaba en moto por la Plaza de Armas cuando un profesor se acercó con uno de sus alumnos. Antes de que el docente pudiera actuar como intérprete, el uniformado ya había comenzado a comunicarse en Lengua de Señas Chilena (LSCh) directamente con el joven. 

Sin intermediarios. Sin barreras. Lo que para muchos fue una sorpresa, para Torres Soto es una convicción: la función policial no puede tener ciudadanos de segunda. El suboficial aprendió lengua de señas de forma autodidacta y luego se perfeccionó en un instituto especializado para personas sordas. Hoy, con más de 27 años en Carabineros de Chile, considera esa habilidad parte esencial de su labor. 

"Yo le expliqué que era un deber cívico, y que era importante que las personas se integren a la sociedad, se interioricen de la contingencia del país, conocer sus autoridades, así como el respeto a los diferentes estamentos del Estado", señaló el funcionario policial tras la interacción. 

Un derecho que no debería ser la excepción

En Chile, cerca de 700.000 personas tienen algún grado de discapacidad auditiva, según cifras del SENADIS. Sin embargo, el acceso igualitario a la información pública, a la justicia o a los servicios de seguridad sigue siendo una deuda pendiente del Estado. Cuando una persona sorda necesita orientación de un carabinero, la norma casi siempre implica depender de un tercero o enfrentar una comunicación deficiente.

El gesto del Suboficial Torres en Coyhaique no debería ser noticia: debería ser el estándar. La Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión de personas con discapacidad, garantiza el derecho a comunicarse en lengua de señas. Pero la distancia entre el texto legal y la realidad cotidiana sigue siendo amplia.

Oriundo de Osorno, el Suboficial Torres llegó a Aysén con décadas de servicio y una certeza: el trabajo policial se mide también en la calidad del vínculo con la comunidad. El encuentro en la Plaza de Armas fue valorado tanto por la comunidad local como por establecimientos educacionales de la región, que ven en esta iniciativa un modelo replicable.