Durante las últimas semanas, los intereses controladores de la industria del salmón han emergido con fuerza una vez más.  En este caso, intentando coartar el acceso a la justicia de quienes tienen una idea distinta sobre el destino del litoral austral.  A sus representantes ya no les acomoda copar multiplicidad de espacios (Gobierno Regional de Aysén, municipios del litoral, academia y centros de investigación, organizaciones productivas), pretenden además que no exista voz alguna que no esté en línea con sus pretensiones.

Los datos así lo demuestran.

Si el Informe del Barómetro Regional Aysén 2024 "Chile visto desde sus regiones", elaborado por la Universidad de Aysén, constata que, pensando en el futuro de la región, el sector se ubica en séptimo lugar de valoración entre la comunidad, en el seminario "Salmonicultura en tensión: equilibrando ciencia, regulación y naturaleza" su presidente Arturo Clement afirma que "nosotros hicimos encuestas que difieren de eso".

Si el estudio de la Universidad Austral de Chile "Migraciones estacionales y exportación global: dinámicas del empleo temporal en el sur de Chile" (2025) cuestiona la "precariedad laboral" de la industria acuícola (y del arándano), el Consejo del Salmón llama a contextualizar los datos y rechaza el concepto de "precarización", como si la opinión de un gremio tuviera la misma fuerza que la ciencia.

Si The Guardian informa a sus lectores que quienes consumen salmón chileno no pueden imaginar "cuánta sangre humana lleva en su interior", el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, sale al paso señalando que "no se puede generalizar" con casos puntuales.  En una trágica secuela, hoy la Fiscalía Local de Puerto Cisnes investiga la muerte de un buzo en las instalaciones de la salmonera Australis al norte de la provincia de Aysén.

Si el Consejo para la Transparencia obliga a la Subsecretaría de Pesca a develar los antecedentes que obren en su poder sobre el retiro de salmoneras desde parques nacionales (proceso de relocalización), AquaChile se opone elevando el procedimiento a la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

Y lo último: reprimir el acceso a la justicia. 

En una reciente carta al director publicada en varios medios del sur, el gerente de Asuntos Corporativos de SalmonChile, Tomás Monge, se refiere al rechazo, por segunda vez, de dos Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) en Aysén por parte de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero.  En lo concreto, cuestiona que las comunidades indígenas involucradas recurrieran ante los tribunales de justicia, expresando que éstas "volvieron a judicializar esta segunda votación con un nuevo recurso frente a la Corte de Apelaciones de Aysén".

Lo que convenientemente el ejecutivo no menciona es que si este año se debió votar nuevamente la solicitud fue porque la Corte Suprema revocó un rechazo similar del 29 de febrero de 2024, en el que el propio Monge estuvo entre quienes se sumaron a la decisión que el máximo tribunal consideró ilegal.  El acta así lo consigna.

Por eso, cuando señala que las "desprolijidades administrativas" en diversos procesos ECMPO generan "un clima de desconfianza en las instituciones que es prioritario corregir" sería positivo que no sólo mirara allende los intereses de la industria que representa.  Si hay algo que daña a su sector es precisamente hacer las cosas mal.  Y hoy aspirar al control total.

Cualquier actividad, económica o no, que ansíe legitimarse entre la sociedad debe hacerse cargo de sus errores.  Primero, reconociéndolos.  Segundo, asumiendo el costo de compensarlos. Tercero, generando las condiciones para que no vuelvan a ocurrir.

Nada de ello ocurre con la industria del salmón en el sur de Chile. Al contrario, insiste en imponer su propio relato gracias al poder que se le ha entregado desde la institucionalidad y ciertos actores políticos.   Donde cualquier estudio, investigación o informe independiente contrario a sus intereses es desestimado, porque lo único válido es lo que emerge desde sus particulares intereses. Aunque sea sólo una opinión.

Es legítimos que existan quienes se sientan cómodos viviendo bajo el alero de Mr. Burns, el siniestro controlador de la planta nuclear del Springfield de Los Simpson.   Así como también lo es disentir de los dueños del pueblo, sea en modo libertad de expresión, organización, investigación o simplemente ejerciendo un derecho tan fundamental como recurrir a un tribunal.