Tras la difusión de un video que se viralizó por redes sociales, la Corporación Nacional Forestal denunció un presunto derrame de combustible en la Laguna San Rafael, decretando la Fiscalía Local de Aysén una orden de investigar a la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) Aysén con la finalidad de realizar diversas diligencias para esclarecer lo acontecido durante el último fin de semana de noviembre en el Parque Nacional.

A raíz de un trabajo coordinado con la Armada de Chile en Puerto Chacabuco, se logró concretar una visita al lugar para desarrollar el proceso investigativo correspondiente.

Al respecto, el jefe subrogante de la brigada especializada, comisario Carlos Aranguez Arellano, señaló que "en cumplimiento a una orden de investigar, emanada por el Ministerio Público, la BIDEMA Aysén se constituyó en el sector de Laguna San Rafael, con el fin de realizar el trabajo de sitio de suceso, específicamente, el examen, estudio y fijación del mismo. Lo anterior, con motivo de una denuncia recepcionada en la Capitanía de Puerto Chacabuco, por un posible derrame de petróleo u otra sustancia a determinar, proveniente, aparentemente, desde una embarcación que transportaba turistas en este lugar".

En el sitio de suceso se constituyó un equipo multidisciplinario, compuesto por personal de la Armada, CONAF, SERNAPESCA y SERNATUR, "cuyos resultados de las pericias realizadas serán informados al Ministerio Público, junto a las demás indagatorias que se realicen, puesto que la investigación se encuentra actualmente en curso, con diligencias en desarrollo", cerró el comisario Aranguez.

Desde la PDI realizaron un llamado a denunciar oportunamente aquellos hechos que afecten al ecosistema en su conjunto, recordando que los delitos medioambientales corresponden a aquellos hechos que intencionalmente, en forma accidental o negligente, producen como consecuencia la destrucción o deterioro de sistemas naturales, especies animales o vegetales que están protegidas. Por eso, ante el conocimiento de algún antecedente que ponga en riesgo la biodiversidad, la salud pública y los ecosistemas, las personas deben denunciar.