La calle: Vigente mientras el dinero, las armas y el poder mediático se usen para torcer la democracia

Cada cierto tiempo, desde distintos sectores se cuestiona -e intenta prohibir mediante reglamentos y normativas- el legítimo derecho a la movilización ciudadana.  "El único camino válido para que la ciudadanía incida en las políticas públicas -quisieran decir- es el institucional". 

Marchas, pancartas, protestas, que intentan muchas veces mostrar adhesión ciudadana, capacidad de convocatoria y, si se quiere, fuerza, son demonizadas desde las más diversas trincheras porque "así no se construye democracia.  Ésta se ejerce a través de las urnas".

Grandes empresarios, dirigentes de variados sectores políticos -aunque, normalmente, de derecha- y representantes de la institucionalidad reclaman contra la marea ciudadana que, ya lo hemos visto en Chile y Aysén, se revela intermitentemente ante un acuerdo amarrado por y para quienes desde hace ya demasiado tiempo ejercen el poder.

Estas quejas serían válidas, legítimas quizás, si al frente se actuara en propiedad y con la misma guía.  Que todos quienes participamos y somos afectados por las decisiones políticas recurramos sólo a los sistemas electorales para incidir en los destinos de la sociedad. De nuestro país, región o barrio. 

Pero lo cierto es que tal es un muy bonito cuento.

El reciente inserto en El Mercurio de un grupo de empresarios junto a ex comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas llamando al orden a la derecha, de la cual claramente se sienten más cercanos, demuestra que quienes tienen el dinero no están dispuestos a que sean las urnas el único mecanismo para resolver las diferencias de la sociedad. 

"Chile enfrenta un riesgo enorme de extender y proyectar la impronta de este gobierno: la inseguridad y la violencia; el estancamiento y la falta de oportunidades; los malos servicios públicos y la corrupción; las listas de espera y la inmigración descontrolada, se han transformado en una realidad que ensombrece al país y amenaza nuestra convivencia y cohesión social" dicen en su texto.

Más allá de la discusión de fondo, si aquello que afirman es cierto o no, lo real es que los controladores de Ultranav, Ultramar, Aquachile, Socovesa, Oxiquim, Besalco, Entel, Falabella, Mall Plaza, GNL Mejillones, Consalud, San Jorge, La Preferida y Winter, entre otras empresas, usan su patrimonio para cumplir sus objetivos.  Ellos tienen el dinero.

Lo mismo ha ocurrido en otras épocas en otros ámbitos.   Durante el estallido de 2019 el entonces comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, envió una serie de cartas a El Mercurio (¿a dónde más?) refiriéndose "a los ataques a la estatua del general Manuel Baquedano en la capital, y defendiendo el sistema previsional de las FFAA".   La Contraloría General cuestionó esta acción, recordando que tal gesto afectaba el carácter "no deliberante" de las Fuerzas Armadas.  Y poco tiempo después, el presidente del Cuerpo de Generales y Almirantes de la Defensa Nacional, el ex Comandante en Jefe de la Armada, Rodolfo Codina, envió una misiva a sus asociados (todos ex militares) cuestionando el proceso constituyente en proceso, elogiando la Constitución del 80.   Ellos tienen las armas.

Actualmente, aunque algo morigerado producto de las redes sociales y nuevas tecnologías, aún existe concentración mediática en Chile, en una promiscua relación con el poder económico.  Como recordara el economista Roberto Pizarro hace algunos años "Luksic, Saieh, Edwards y Solari son propietarios de medios de comunicación social y al mismo tiempo poseen bancos, son exportadores, tienen acciones en AFP e Isapres, controlan escuelas y universidades, manejan actividades mineras o agrícolas. Por tanto tienen conflicto de intereses".  Estamos hablando de Canal 13, La Tercera, El Mercurio y Mega, además de todos sus medios relacionados.  Ellos tienen los medios.

No hay que tener un postgrado en ciencias políticas (más aún, sólo basta tener sentido común) para sospechar cuál es el sector político predominante entre los actores acá mencionados, más allá de aisladas salidas de libreto en pro de progresismo desarrollista: la derecha (y ultraderecha).  La que cuestiona políticas de identidad de género, protección del medio ambiente, de reivindicación de los derechos de los pueblos originarios.  Son las visiones que quieren familia, orden y patria, y crecimiento a todo evento, y todo aquél que no entre en su esquema será blanco de omisión.  O, peor aún, acción.

Sí, la ciudadanía podría soltar la calle (léase esto como las más diversas formas de movilización ciudadana). Aunque tal sea un derecho ganado al alero de la misma democracia liberal a la que muchos dicen adherir. 

Pero siempre y cuando al frente dejen el dinero, las armas y el poder mediático como forma de torcer esa democracia que dicen respaldar.  Porque el ciudadano de a pie, a veces, sólo tiene la calle.  Mientras ello no cambie, difícil será que esa solicitud -que pareciera tan racional- se transforme en realidad.