La corrupción al interior de entidades o servicios públicos o con financiamiento del Estado, siempre es un motivo de preocupación, sobre todo para quienes valoramos la democracia y el funcionamiento de las instituciones públicas en beneficio de la comunidad, no para beneficio o fines personales. 

Existe coincidencia en distintas esferas de pensamiento de que la corrupción es una amenaza directa al funcionamiento de la democracia como forma de vida en nuestra sociedad. Lo anterior, porque puede corromper tanto a líderes y a quienes ejercen cargos de poder, como a funcionarios de distinto rango al interior de las instituciones.

Bajo este escenario, la falta de ética e integridad pueden gestar desviaciones o incumplimientos en las decisiones públicas que terminen beneficiando a intereses particulares en desmedro del bien común.

Desde mi punto de vista, la corrupción lesiona gravemente el pacto o acuerdo tácito entre la ciudadanía y las autoridades y funcionarios públicos, en quienes se ha depositado la confianza para servir a la comunidad y construir una mejor sociedad.

Ante casos de corrupción, el principio de igualdad ante la ley también puede verse afectado o erosionado porque pone a algunos por sobre el resto, sobre todo, si ejercen cargos o posiciones de poder o influencia. Justamente como Fiscalía en la Región de Aysén, buscamos que esa igualdad ante la ley se haga efectiva, real, sin dobleces y sin importar el cargo o posición que un funcionario público pueda detentar. 

La igualdad sustenta la democracia y la democracia puede verse afectada o deslegitimada seriamente por la corrupción, en sus distintas formas. 

En este sentido, el uso de los fondos públicos con fines distintos a los previstos por la ley contribuye a la desconfianza de la comunidad hacia nuestra institucionalidad. Y los funcionarios públicos cumplen un rol de servicio colectivo, no individual.

La corrupción no es solo hacer algo contrario a la probidad o contra las leyes, sino también dejar de denunciar o mirar para el lado, dejando que otros cometan delitos o faltas. Un funcionario público no puede ser cómplice o encubridor desde el anonimato. Por el contrario, es su obligación denunciar, utilizando para ello los mecanismos anónimos o formales de denuncia que existen actualmente.

No podemos tolerar ni aceptar que los recursos de todas y todos los chilenos sean malgastados, al utilizarse para beneficio o provecho personal. Quienes cometen delitos, independiente de su posición social, económica o ideológica, deben ser investigados y, eventualmente, formalizados y acusados, correspondiendo finalmente a los jueces pronunciarse y resolver sobre su inocencia o culpabilidad. La Fiscalía investiga y acusa y son los Tribunales, dentro de sus facultades y atribuciones, quienes resuelven en base a las pruebas presentadas por el órgano persecutor. 

Creo que la democracia, como forma de Gobierno, se debilita y desvirtúa especialmente cuando las autoridades o funcionarios públicos sirven intereses particulares y no a las personas que esperan una solución a sus problemas.

La corrupción tiene un alto precio, no solo económico para el Estado sino para todas las personas que podrían verse beneficiadas y mejorar su calidad de vida a través de una mejor salud y educación y mayores obras de infraestructura, como alumbrado o pavimentación en sus barrios, si los recursos se usarán siempre de forma correcta. Honesta.

Los habitantes de Aysén, en sus distintos rincones, merecen que sus servidores públicos, los trabajadores del Estado, actúen en base a un conjunto de principios y normas de probidad que rijan no solo su conducta personal sino la ética en el trabajo, en el servicio a otras y otros. La comunidad no puede recibir menos que el resultado de la excelencia y lo mejor que tenemos en todo aquello que realizamos.