Por el Comisario Fernando Álvarez Jeldes, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Coyhaique

En Chile, la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (ESNNA) constituye una de las vulneraciones más graves a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de la infancia. No se trata de episodios aislados ni de una realidad lejana que ocurra en contextos marginales. Es un fenómeno complejo, dinámico y transversal que se alimenta de desigualdades estructurales, historias de abandono, consumo problemático de sustancias ilícitas, violencia intrafamiliar y, especialmente, de la existencia de una demanda adulta que sostiene esta forma de criminalidad. Cualquier acto de connotación sexual mediado por pago, beneficio o promesa constituye una explotación, basada en el abuso de poder, la coerción o el aprovechamiento de una condición de vulnerabilidad.

La magnitud del problema ha sido recientemente advertida por la Defensoría de la Niñez que informó un aumento significativo y sostenido en las tasas de víctimas de ESNNA, conforme a las denuncias ingresadas al Ministerio Público. Entre 2022 y 2024, la tasa de víctimas por cada 100.000 niños, niñas y adolescentes creció un 89% en delitos de obtención y facilitación, y un 59% en aquellos vinculados a material abusivo. Estas cifras no solo reflejan una mayor visibilización del fenómeno, sino también la necesidad urgente de fortalecer las estrategias de prevención y persecución penal.

Este delito ha evolucionado junto con la tecnología, hoy ya no se limita a espacios físicos clandestinos, sino que se desplaza con facilidad por redes sociales, plataformas digitales, videojuegos en línea y aplicaciones de mensajería. La captación mediante engaño, el llamado grooming, el intercambio de imágenes íntimas y la circulación de material de abuso sexual infantil se desarrollan bajo el amparo del anonimato y la transnacionalidad, lo que complejiza la investigación y exige capacidades técnicas cada vez más sofisticadas.

La persecución penal es indispensable y debe ser firme, pero su eficacia depende de la solidez del ecosistema de justicia completo. La coordinación entre la Policía de Investigaciones de Chile, el Ministerio Público, tribunales de justicia, peritos forenses y organismos de apoyo a víctimas es clave para evitar la fragmentación de esfuerzos y la revictimización. La respuesta no puede ser aislada ni reactiva; requiere un trabajo intersectorial permanente que articule al sistema de justicia con los sectores de educación, salud, desarrollo social y protección de la niñez. Solo una acción integrada, con intercambio oportuno de información y criterios comunes de actuación, permiten desarticular redes, proteger adecuadamente a las víctimas y asegurar sanciones efectivas.

Llegar cuando el delito ya se ha consumado implica que el daño ya fue provocado, evitarlo debe ocupar un lugar central en la respuesta del Estado y de la comunidad. Prevenir este fenómeno implica educación digital temprana y obligatoria, que enseñe a niños, niñas y adolescentes a reconocer riesgos, a comprender el valor de su intimidad y a saber dónde y cómo denunciar. Implica también capacitar a madres, padres y cuidadores para detectar cambios conductuales bruscos, vínculos virtuales sospechosos o la recepción de regalos y beneficios injustificados. Supone fortalecer el sistema de protección para que ningún niño bajo cuidado del Estado quede expuesto a nuevas vulneraciones, y desplegar intervenciones territoriales focalizadas en aquellos sectores donde confluyen deserción escolar, consumo problemático y ausencia de redes de apoyo. Asimismo, requiere exigir mayor responsabilidad a las plataformas digitales en la detección y denuncia de contenidos ilícitos, y reforzar con claridad la persecución de la demanda adulta, porque mientras exista quien pague, otorgue beneficios, no tan solo económicos, consuma o intercambie contenido sexual de menores, el fenómeno persistirá.

Como PDI, el llamado a la sociedad es claro y directo, la protección de la infancia no puede descansar únicamente en la acción policial, debe ser abordado como una amenaza estructural contra el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. La protección efectiva de este grupo exige coherencia normativa, fortalecimiento institucional, coordinación intersectorial y una estrategia preventiva sostenida en el tiempo. Más allá del énfasis en la sanción penal, el objetivo principal es resguardar el interés superior de nuestros niños, niñas y adolescentes, garantizando entornos seguros para su desarrollo físico, psicológico y social. La respuesta del Estado y de la sociedad debe estar orientada, en definitiva, a impedir que la vulnerabilidad de un niño, niña o adolescente sea transformada en un espacio de lucro y explotación.