En la última versión de la semana de la construcción, nuestro gremio entregó a los candidatos presidenciales (los seis con mayor desempeño en los sondeos de opinión), un documento denominado "La llave del Chile posible", que reúne 60 medidas y un plan de obras prioritarias para ser desarrolladas al 2030. El que esperamos, sea considerado por quien llegue a ostentar la presidencia de la República. 

Creemos firmemente que, si el Estado aborda los seis ejes propuestos, en materias cómo: vivienda, barrios, ciudades, infraestructura, Estado moderno y economía. Tendremos un país que avance hacia el desarrollo y entregue una mejor calidad de vida a quienes lo habitamos. 

Desde la región de Aysén, además de respaldar estas medidas, pues las consideramos clave para avanzar hacia un país más justo, eficiente y en sintonía con las necesidades ciudadanas; rescatamos las propuestas en infraestructura, pues es una de las mayores carencias con las que contamos. 

La infraestructura pública debe tener planificación y visión de largo plazo, y para ello es necesario que el próximo Presidente o Presidenta de la República, utilice las facultades que le otorga la Ley. Aysén requiere que la "Prioridad Presidencial" esté institucionalizada, sobre todo en regiones extremas como la nuestra, permitiendo una tramitación de permisos ágil y acotada, lo que se traduce en proyectos ejecutados en un menor plazo. 

Tenemos la certeza que, potenciar el sistema de concesiones y la Ley de Financiamiento Urbano Compartido permitirá construir más y más rápido, infraestructura para mejorar la calidad de vida. Esta es una idea que como gremio estamos impulsando, por ello en enero de este año, organizamos el primer encuentro regional de concesiones, informando a las autoridades locales de las posibilidades que esta herramienta legal permite, a través de la asociación público-privada. 

Para avanzar en el desarrollo esperado, es necesario mejorar el Estado a través de su modernización. Chile figura, según la OCDE, como el país con la mayor complejidad regulatoria, lo que nos obliga a tomar acciones para reducir la permisología y burocracia, lo que se consigue no solo simplificando la regulación y con menos trámites. Para ello, proponemos un nuevo régimen de aprobaciones y autorizaciones, basados en cuatro criterios: que los permisos y autorizaciones sean necesarios en casos excepcionales, cuando exista un valor muy particular que proteger; que los proyectos de inversión puedan desarrollarse sobre la base de declaraciones juradas que garanticen una necesaria solidez jurídica; que las sanciones a quienes incumplan estas declaraciones sean proporcionales al daño ocasionado; y que las exigencias y revisiones de antecedentes y documentos, respondan a criterios uniformes, no dejando espacio a la discrecionalidad. 

Estamos convencidos que un país y región de Aysén mejores son posibles. La llave, está en mejorar lo que tenemos, aplicando cambios normativos en los procesos cotidianos, siendo fundamental la articulación entre el Estado y el Congreso. Mientras esto sucede, desde nuestro gremio seguiremos aportando con ideas, estudios e información para el cambio, que, de concretarse, nos permitirá llegar a ese "Chile Posible" al 2030.