Patricio Segura Ortiz, Periodista. psegura@gmail.com Tras el retorno a la democracia en 1990, una de las más visibles manifestaciones públicas de un sector empresarial dispuesto a poner la pistola en la mesa para torcer la institucionalidad a su favor fueron las movilizaciones de 2005 en apoyo a la planta de Celulosa Arauco (CELCO) en Valdivia. Instalaciones y operación que ponían en riesgo el Santuario del Río Cruces. A la fecha ya existía un sistema de Sistema Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) andando y se suponía que las instituciones funcionaban, como dijera insistentemente el ex Presidente Ricardo Lagos.
Por los medios, Arauco (del Grupo Angelini… el de Copec, Metrogas, Abastible, Isla Riesco, entre tantas otras empresas) daba su visión crítica de la evaluación técnico ambiental y los procesos sancionatorios en curso. En otro frente, los trabajadores de las empresas contratistas, motosierras en alto, se paseaban amenazantes por las calles valdivianas. Tal acción era mucho más que una protesta, era una demostración de fuerza y violencia simbólica ante una ciudadanía que, a través de acciones de arte, estudios, pronunciamientos públicos y marchas, hacía lo propio, pero sin los recursos económicos ni materiales de la compañía y sus empleados. Su único activo era la unidad.
Han pasado 20 años. Dos décadas pavimentadas de acuerdos y alianzas público-privadas, pero también de confrontación.
A comienzos de este lustro la balanza pública se inclinó fuerte hacia el lado ciudadano: partió con el estallido de 2019, siguió con el Plebiscito Constitucional de 2020 y culminó con la elección de la Convención y Gabriel Boric como Presidente en 2021.
Pero tras la fiesta popular, devino la reacción. El rotundo rechazo en el referéndum de septiembre de 2022, un Congreso mayoritariamente con visión productivista y un gobierno que no tuvo destreza política (ni social) para defender los principios que lo llevaron a conducir el Ejecutivo iniciaron el camino del repliegue de los disputados logros socioambientales alcanzados a la fecha.
Neologismos como "permisología" (disfrazada de fundamentos técnicos pero que no es más que ideología extractivista y anti Estado) se asientan en la Ley de Permisos Sectoriales, en segundo trámite constitucional en el Senado y que precariza la función pública en materia de cautelar la integridad ecosistémica de los territorios. El desmantelamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que también avanza en el Congreso, el sistemático ataque mediático y judicial a las organizaciones socioambientales, junto a un racismo sin atisbo de pudor, fueron también parte del Chile que nos legó el 2024.
Las indicaciones al proyecto sobre la administración del borde costero y las concesiones marítimas, cuyo acercamiento al maritorio es sólo en tanto dominio de recursos naturales o si de una simple despensa se tratara. Se suma todo el entramado mediático y empresarial que busca viabilizar sin cuestionamiento alguno la ofensiva por el mal llamado hidrógeno verde o la extracción de litio en áreas de alto valor ambiental y ancestral.
Pero no fue lo único.
El 2024 nos heredó, también, una especie de matonaje de las grandes corporaciones, símil de las motosierras de 2005 en Valdivia. No bastándoles con tener el control de ciertos medios, contratos con agencias de comunicaciones, bufetes de abogados e incluso universidades, centros de investigación y estudios, pretenden ahora silenciar las visiones divergentes a su particular hegemonía.
La Ley de Protección de Turberas y la que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas fueron blanco de cuestionamientos del empresariado y la derecha dura en los medios de comunicación, incluso llegando a falsear datos, acompañadas de las así llamadas movilizaciones "ciudadanas". Tal como en la década pasada la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares Subvencionados (Confepa) fue entarimada para defender la educación privada al igual que los supuestos grupos pro pyme a las patronales.
Especial protagonismo ha tenido el gremio salmonero en esta forma de actuar, cuestionando que se aplique la norma ante sus incumplimientos ambientales y la caducidad de sus concesiones.
¿No me gusta una resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente por mis ilegalidades? Acuso bloqueo, expropiación, campaña política en mi contra, como lo ha hecho recientemente Andrés Parodi, gerente general de la filial chilena de la salmonera canadiense Cooke Aquaculture.
¿Me molesta que las organizaciones de la sociedad civil y comunidades defiendan la naturaleza y formas de vida comunitarias? Presento un proyecto de ley con nombre y apellido para intervenir dichas agrupaciones, como lo ha hecho el diputado Miguel Angel Calisto. O acuso intervencionismo internacional, como si Mowi, Australis Mar, Cooke Aquaculture, Cermaq, Salmones Antártica o Salmones Aysén tuvieran su origen en un fondo mapuche de la Araucanía profunda.
¿No me gusta que el Estado dialogue con todos los actores para lograr formarse una visión lo más completa para impulsar determinadas políticas públicas? Exijo que no reciba a específicas organizaciones porque no son de mi línea.
¿Quieren cambiar una ley demostradamente corrupta como la Ley de Pesca? Amenazo con movilizaciones.
Tal es el escenario del año 2025 que estamos iniciando. Uno que arrastra temas no resueltos del pasado pero que abre oportunidades para el porvenir. Más aún cuando se vienen elecciones legislativas y presidenciales.
La idea no es tapar el sol con un dedo. Tampoco pensar que la tarea es fácil. Simplemente es comprender que siempre, pero siempre, algo hermoso puede estar por venir. Y un llamado a que nunca, pero nunca, te quiten esa convicción.
Porque, se quiera o no, así como la naturaleza tiene sus ciclos, también lo tiene la historia de la humanidad.
